“...algo es un Estado en la medida en que su equipo administrativo mantiene exitosamente una demanda sobre el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de su orden...”: Max Weber
Literalmente el ambiente nacional se calienta, no sólo por la ola de calor que aún azota a vastas regiones del territorio, sino por la ola de acontecimientos políticos, sociales y de violencia criminal que se han registrado durante las últimas semanas y se tocan entre sí en los linderos de sus respectivos entornos.
La pugna por el poder político (continuidad o cambio) echada a andar abiertamente y a todo vapor, pese a los mensajes de unidad, cordialidad, equidad, transparencia y legalidad, exhibe —ya se había pronosticado— las profundas grietas, desacuerdos y confrontaciones internas entre las facciones que conforman o pretenden conformar las dos coaliciones en busca del trono presidencial con el beneplácito del árbitro electoral.
Al enrarecido ambiente político se suma el tema de la violencia criminal que, en su cotidianidad, parece irse normalizando en la percepción ciudadana pero que, en la práctica, ofrece preocupante evidencia de una gran libertad de acción y robustecimiento de sus capacidades operativas para el control de territorios de manera casi absoluta, donde se incrementan los asesinatos dolosos y las desapariciones, las agresiones a las fuerzas de seguridad, los atentados directos contra actores políticos y sociales y, ahora, el sembrado de minas y colocación de autos bomba con destinatario específico.
La frustración social ante los resultados contra la criminalidad y el incesante crecimiento de la violencia llevó al colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’ a tratar de tocar las fibras sensibles de las bandas delictivas para establecer una tregua, esfuerzo que fue bien recibido por la autoridad y públicamente respondida por, al menos, uno de los cárteles, aprovechando el hecho para invitar al gobierno federal a iniciar conversaciones y establecer acuerdos de paz, lo que, también de manera pública, fue rechazado desde Palacio Nacional.
Pese al mensaje del grupo delictivo, las ejecuciones continúan contra personajes relevantes y con acciones espectaculares como las ya experimentadas en otras latitudes, que han dejado muertos y heridos entre las fuerzas del orden, quizá como actos de demostración de fuerza, haciendo gala de su capacidad y desafiando recurrentemente al Estado, para impulsar posturas gubernamentales favorables.
El Ejecutivo ha sido enfático en señalar que la estrategia de seguridad no se modificará y ha reiterado su llamado a que los miembros de esas organizaciones se porten bien, pero dada la fuerza que han mostrado, la implementación de nuevas formas de actuar y el uso de recursos bélicos de mayor potencia, aun artesanales y, sobre todo, las motivaciones que los animan, se percibe muy difícil que hagan caso a los consejos de los abuelos.
Ante esta coyuntura, nos preguntamos: ¿qué papel jugará el crimen en el proceso político que vive nuestro país?
El autor es catedrático, analista político, consultor en estrategia, seguridad nacional y administración pública.