Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la importancia de la educación en el siglo XXI será todavía más significativa en regiones y países marcados por la desigualdad, la pobreza, la falta de justicia y la exclusión social.
Y, de acuerdo con la Agenda de Educación Mundial 2030, los países de la Unesco deben garantizar educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Sin embargo, en México, el constante conflicto magisterial ha impedido a los niños de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entre otros, mantener completos sus ciclos escolares, ya que al parecer los maestros prefieren vivir en el plantón, con todas las prebendas que por ello consiguen.
Ahora, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen desde hace 15 días bloqueos en las vías férreas de Michoacán, lo que, de acuerdo con medios locales, ha afectado a 180 trenes, ocho mil 600 contenedores y provocado pérdidas por más de 10 mil millones de pesos.
Sin duda este es un grave problema para el país, independientemente de las culpas que se echen entre el gobierno federal y el estatal, pero, sobre todo, es un grave problema para la niñez de esos estados que son precisamente los que tienen menor desarrollo.
De acuerdo con un texto de Luis Hernández Navarro, de La Jornada, la Coordinadora acordó tres grandes ejes de acción que guían su lucha: democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar el país.
Obvio, estos tres ejes significan una lucha muy válida y necesaria, pero en el fondo de todo esto, lo que realmente ha sucedido, sobre todo a partir de 1989, que fue cuando empezaron las movilizaciones de la CNTE, es que los niños han perdido meses de clases y, por lo tanto, de una educación que les permita enfrentar los retos del siglo XXI.
De acuerdo con el Informe de Desigualdades 2018 de El Colegio de México, en nuestro país la movilidad social es apenas de 2.1 por ciento, lo que implica que no se tiene un sistema efectivo para igualar las oportunidades de acceso de los ciudadanos a bienes y servicios cruciales.
Al contrario, nos demuestra que el origen económico determina, en muy buena medida, las condiciones socioeconómicas que experimentarán cuando sean adultos.
Además, el informe señala que la probabilidad de que un estudiante de una escuela urbana alcance buenos aprendizajes es entre tres y cuatro veces mayor que la de un alumno de una escuela rural.
Y que los jóvenes de hogares con recursos económicos y culturales escasos tienen menos posibilidades y herramientas para enfrentar las demandas materiales y simbólicas del sistema educativo.
Y que asisten a escuelas con condiciones de infraestructura y de formación docente deficientes, por lo que dichos alumnos desarrollan menos habilidades educativas que sus pares con mejores condiciones, lo cual, a su vez, incide de manera negativa en sus posibilidades de avanzar en el sistema educativo.
Además de lo que impactan a la educación estas desigualdades sociales, en el informe se señala que también las diferencias étnicas y regionales inciden en la distribución de oportunidades.
Y si a eso agregamos los constantes paros de los maestros en los estados más pobres del país, estaremos seguros de que su movimiento no ha permitido avances en la democratización en México.
Más bien, los maestros que aseguran que tienen una función social y mantienen estos plantones, no se han dado cuenta del daño que hacen a sus familias, a sus pueblos y a sus estados, por lo que sus consignas terminan en demagogia.