La crisis política provocó éxodo
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La crisis política provocó éxodo

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La crisis política provocó éxodo

12/11/2018
Actualización 12/11/2018 - 14:58

La crisis migratoria por la que atraviesa la región mesoamericana no debería ser sorpresa para nadie. Los países involucrados, específicamente los llamados Triángulo del Norte en Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), ofrecen condiciones socioeconómicas a sus poblaciones que, más allá de las paupérrimas oportunidades de desarrollo, representan hasta una amenaza a su propia vida.

Es evidente que los gobernantes de esos países no han adoptado las políticas públicas necesarias –tanto por falta de conocimiento como por negligencia– y además existen factores externos que han hecho de esta tarea algo más complicado.

Tal es el caso de Honduras, cuyo expresidente Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en junio de 2009, tras una serie de enfrentamientos con el Congreso Nacional y la Suprema Corte hondureños. Fue en plena crisis política que la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, en representación del gobierno estadounidense, coordinó a sus homólogos latinoamericanos para organizar rápidamente unas elecciones presidenciales que beneficiaran al candidato derechista del Partido Nacional de Honduras, Porfirio Lobo.

La población y la región se dividieron en torno al reconocimiento del nuevo gobierno, situación que hoy en día derivó en un sistema político quebrantado e incapaz de dar soluciones.

Esta grave situación política es la que ha expulsado a los miles de migrantes que hoy en día conforman la caravana migrante y que el presidente Trump intenta detener con controles fronterizos.

El gobierno estadounidense actúa irresponsablemente al justificar con el interés nacional una política poco humanitaria, cuando en su momento fue ese interés el que desató una crisis en la región centroamericana.

Una verdadera estrategia para frenar la migración debe enfocarse en el desarrollo de la región que otorgue las oportunidades necesarias para el bienestar de su población, claro que con tantos años de inestabilidad será difícil.

El PRI se prepara para la discusión y aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que presentarán los legisladores de Morena y que tiene varios puntos que consideran preocupantes.

A pesar de que están conscientes de que Morena tiene la mayoría para avasallar en la aprobación de esta reforma, buscan dar la batalla junto con el PRD, el PAN y parte del Verde para al menos dejar constancia de una serie de inconsistencias.

Cómo integrar al Cisen a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que una cosa es la seguridad pública y otra muy diferente la seguridad nacional, por lo que aseguran que si se unen las dos áreas ni siquiera fluirá la información.

De cualquier forma, en Morena consideran que un flujo de información importante para la seguridad nacional será el que lleven a cabo los denominados superdelegados.

La Delegación de Programas para el Desarrollo por cada entidad federativa, es otros de los cambios propuestos en esta reforma de la administración pública, de la cual el PRI se manifestará en contra.

Además, la iniciativa morenista plantea modificaciones a la estructura de la SHCP, específicamente lo que se refiere las funciones de la Subsecretaría de Ingresos, reasignando algunas atribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo cual para los priistas va fuera de toda lógica, ya que la función del SAT es perseguir a los deudores del fisco.

Esto ha provocado que tanto entidades internacionales como nacionales bancarias y monetarias estén preocupadas por el esquema de política económica que será aplicado durante la siguiente administración.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.