Considero que la forma más responsable de proponer y aprobar iniciativas de reforma a las leyes es comentarlas y debatirlas con expertos en el tema a tratar. Nadie puede saber de todo y recordemos que mucha de la política pública puede tener muy buenas intenciones y estar bien justificada, pero puede tener consecuencias negativas no deseadas. En este sentido es muy factible que dichas consecuencias puedan inclusive compensar o inclusive, sobrecompensar los beneficios que el cambio en la ley persigue. Desafortunadamente, la iniciativa en torno a la reforma para facilitar el flujo, intercambio y circulación de dólares en efectivo que acaban de aprobar en comisiones del Senado, no se originó de manera responsable. La iniciativa claramente denota falta de asesoría, desde los aspectos más básicos. En este sentido, considero que es importante entender: (1) La razón por la que existen las restricciones actuales; (2) los beneficios potenciales son muy cuestionables; y (3) las consecuencias de aprobarla pueden ser muy graves.
(1) La razón por la que existen las restricciones actuales. Antes uno podía ir a la ventanilla de cualquier banco comercial y cambiar dólares libremente. Sin embargo, hoy se ha tornado muy complicado. Ahora es necesario identificarse, hay montos máximos establecidos y en muchos casos hay que ser cliente del banco para poder vender dólares en efectivo. En este sentido, una iniciativa que facilite la venta de dólares para el ciudadano común se ve con buenos ojos. No obstante lo anterior, las restricciones se deben al incremento significativo de la utilización de dólares en efectivo, provenientes del crimen organizado y a las restricciones impuestas en Estados Unidos para repatriar los dólares. El mecanismo para que los bancos en México puedan 'descargar' el excedente de dólares en efectivo es enviándolos a su corresponsalía en Estados Unidos. Sin embargo, hace poco más de una década y con el fin de disminuir la circulación de dólares en efectivo provenientes de actividades ilícitas, la Oficina de Contraloría de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés, Office of the Comptroller of the Currency) impuso restricciones a los montos permitidos que los bancos comerciales de otros países pueden regresar a sus corresponsalías en Estados Unidos. Asimismo, a la par de las autoridades estadounidenses, en México también se impusieron restricciones a la compraventa de dólares.
(2) Pocos beneficios potenciales. Uno de los beneficios más relevantes que busca la iniciativa es apoyar a las familias que reciben remesas. Este es un objetivo muy loable. No obstante lo anterior, menos del uno por ciento de las remesas que reciben las familias mexicanas son en efectivo, de acuerdo al registro que publica el Banco de México mensualmente. Es decir, más de 99 por ciento de las remesas se lleva a cabo vía transferencia electrónica y las remesadoras entregan el dinero a quienes las reciben en pesos mexicanos. Entonces, las familias que reciben remesas no necesitan cambiar dólares en efectivo. La iniciativa no les daría prácticamente ningún beneficio. El otro beneficio que se plantea es que los turistas puedan cambiar sus dólares a un tipo de cambio peso-dólar más alto del que lo pueden hacer en las casas de cambio hoy en día. En este sentido, por un lado, la participación de los bancos no garantizaría que el tipo de cambio subiera y por otro lado, los beneficios tampoco quedan muy claros ante la amplia utilización de tarjetas de crédito.
(3) Graves consecuencias. En pocas palabras, la iniciativa pretende operativamente levantar las restricciones para que los bancos y otras instituciones financieras puedan comprar libremente dólares en efectivo. Asimismo, plantea que para sortear las restricciones que enfrentan las instituciones para 'descargar' el excedente de dólares con su corresponsalía en Estados Unidos −debido a los montos máximos establecidos−, lo hagan con el Banco de México, que además 'le serviría' para acumular reservas internacionales. Una vez más, esto también suena como una iniciativa que puede funcionar. El problema es que obligar a que el Banco de México tenga que comprar los dólares excedentes en efectivo de los bancos enfrenta dos consecuencias graves: (a) El cambio de la ley representaría una clara violación a la autonomía del Banco de México, que es autónomo en sus operaciones. Esto no se vería bien a los ojos de los inversionistas internacionales y las agencias calificadoras, pudiendo detonar salidas de capital; y lo peor (b), es factible que el sistema financiero global sospeche que al menos una parte de los dólares que estaría captando el Banco de México venga de procedencia ilícita y podrían congelar o hasta decomisar los activos internacionales del Banco de México, i.e. las reservas internacionales, que se encuentran en instrumentos, divisas, derivados y oro en diferentes partes del mundo. Esto ha ocurrido con los activos internacionales de Venezuela e Irán, por ejemplo. Creo que queda claro que esta iniciativa generaría muy pocos beneficios y por el contrario, un sinnúmero de graves problemas.
El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, ni del IMEF, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor.