Perspectiva Global

Fuerte golpe al profesionalismo de nuestros servidores públicos

La reciente aprobación y posible instrumentación de la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana va a ir en detrimento de la gestión gubernamental de México.

En los últimos treinta años he escuchado a los inversionistas a nivel global tener una opinión muy buena de los funcionarios del gobierno mexicano. Considero que en varias dependencias todavía vamos a poder seguir escuchando comentarios positivos al respecto por un tiempo, lo cual no solo 'nos viste bien' ante los inversionistas extranjeros —creando confianza para invertir en México—, sino que son un reflejo de las muchas cosas que han hecho bien nuestros funcionarios públicos en la gestión gubernamental de nuestro país. Desafortunadamente, considero que la reciente aprobación y posible pronta instrumentación de la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, no solo va a hacer desaparecer ese tipo de comentarios, sino que va a ir en detrimento de la gestión gubernamental de México.

Históricamente hemos observado una gran cantidad de abusos de las posiciones de poder, así como conflictos de interés y corrupción, que además se han manejado con alto nivel de cinismo y que prácticamente ninguno de éstos ha sido debidamente castigado. A su vez, somos un país que genera un alto nivel de PIB, pero que está muy mal distribuido, porque todavía tenemos un país con cerca de la mitad de su población en condiciones de pobreza. En este sentido, no tengo duda de que hay que hacer algo para remediar estos problemas. Reconozco que hay aspectos positivos en esta nueva ley como los candados que se impusieron para la creación y constitución de ciertos fideicomisos y mandatos, así como el apartado en el que se establece que funcionarios públicos de alto rango que se separen de su cargo, no puedan trabajar en empresas que hayan supervisado, regulado o que hubiesen tenido acceso a información privilegiada por un cierto periodo de tiempo. No obstante lo anterior, considero que la nueva ley no solo no va a resolver los problemas de fondo, sino que los puede agravar y peor aun, generar otros.

No existe un estudio serio que establezca que pagar menos salarios a los funcionarios públicos disminuya la corrupción. Por el contrario, sí existe una correlación alta y negativa entre los sueldos que perciben los funcionarios públicos y los niveles de corrupción de cada país. A menores sueldos, mayor corrupción. Asimismo, mayores niveles de Estado de derecho también se asocian a menores niveles de corrupción. Sin embargo, el combate a la corrupción no está ligado positivamente a una política de austeridad. Desde el punto de vista moral, ni siquiera en el budismo se considera a la austeridad como un atributo que pueda disminuir las malas prácticas que pudieran emanar del ser humano, como la corrupción. Siddhartha Gautama —conocido también como Buda-, decía: "La austeridad no es el camino para calmar las pasiones, ni para perfeccionar el conocimiento, ni el camino para lograr la libertad". En mi experiencia, recomendaría modificar el sentido de la ley hacia un tema ético y establecer una relación general de sueldos y salarios para los funcionarios públicos que por un lado fueran competitivos con respecto del sector privado y que a su vez, eliminen los abusos e identifiquen, prohíban y castiguen los conflictos de interés ("Sobre la disminución de los salarios de funcionarios públicos", 25 de septiembre, 2018).

Un funcionario público enfrenta dos retos económicos muy importantes (entre otros): (1) Un alto nivel de incertidumbre en torno a si va a tener empleo cuando termine el periodo de administración del político en turno; y (2) tener un ingreso que le permita sostenerse a él y su familia. Estos retos se exacerban cuando ciertos funcionarios públicos tienen que especializarse en actividades que no son bien remuneradas o demandadas por el sector privado. Es claro que los individuos actúan dependiendo de varios factores, pero el más importante es la estructura de incentivos. Si a un funcionario se le paga todavía menos y además vive la incertidumbre de que su empleo depende más del momento en el que termine la administración, que de sus capacidades técnicas, su talento y su esfuerzo y ahora con la nueva ley, no va a tener la oportunidad de trabajar en el sector privado dentro de su área de conocimiento por diez años, va a querer renunciar ya o va a tener incentivos para incurrir en actos de corrupción. No por tener incentivos lo va a hacer, pero se está inclinando la balanza hacia lo que no queremos. Una prohibición de diez años es sumamente excesiva a la luz de las mejores prácticas a nivel internacional, que la establecen en cinco años en el caso de obras de infraestructura y de un año en los demás casos.

Considero que la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana representa un fuerte golpe al profesionalismo de nuestros servidores públicos.

* El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

* Las opiniones que se expresan en esta columna no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, ni del IMEF, por lo que son responsabilidad exclusiva del autor.

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