El derecho a saber en tiempos de pandemia
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El derecho a saber en tiempos de pandemia

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El derecho a saber en tiempos de pandemia

17/03/2020
Actualización 17/03/2020 - 3:59

El autor es Comisionado del INAI.

La información precisa y oportuna es como la receta que señala las dosis de antígeno para enfrentar con éxito la emergencia. La mejor información inaccesible genera un esquema de abandono público tan lamentable como si se accediera a información inverosímil o falaz.

A casi dos décadas de lento, pero sostenido arraigo del ‘DAI’ (Derecho de Acceso a la Información pública), en México, el derecho a la explicación pública coincide con una prueba de fuego para el Estado y las instituciones públicas; las autoridades deben garantizar, por un lado, eficiencia en términos de la estrategia de salud para dirigir los pasos de la población en un plan de contingencia que debe existir y estar en marcha por el Covid 19.

Y, en paralelo, el Estado mexicano: el Gobierno Federal y los gobiernos estatales; todas sus dependencias, deberán saber explicar todo cuanto sea motivo de exigencia ciudadana vía reclamos de información pública individualizada sobre esta situación que, de unas semanas a la fecha, encierran una cadena de círculos informativos de cuánto se sabe, de cuánto se ha sabido y de cuánto se ha hecho al respecto.

Ahí la clave de una función pública adecuada, seguramente, la Secretaría de la Función Pública estará vigilando al conjunto de dependencias del Gobierno Federal. Al tiempo de diseñar para organizar y ejecutar un plan integral de operación para la emergencia, debe haber una ruta que uniformice a la Federación entera y que sea capaz de irradiar certidumbre. La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendría que estar atenta a establecer medidas cautelares para que el gobierno federal configure los mecanismos para atender la emergencia sanitaria.

Supongo que se tendrá que instalar el Consejo General de Salubridad.

A partir de una estrategia que siga el sector oficial, es indiscutible que habrá tramos de información pública que podrían ser válidamente reservados por las circunstancias de una cuestión que comprometa la estabilidad del país.

Sin embargo, es muy probable que mucha información que se deberá de dar a conocer porque es pública y es útil, efectivamente, pudiera verse restringida de último momento.

Reitero, es básico tenerlo en cuenta. La única manera con la que una sociedad atrapada en una crisis por una epidemia puede encontrar rumbo, consiste en el acceso simple a la información de que disponga para hacer lo preciso de modo de facilitar las gestiones oficiales en beneficio de la causa pública. No olvidemos que se deben salvaguardar elementos estratégicos para impedir que por pánico o codicia (miseria humana de especuladores) se complique la satisfacción del plan.

Tampoco eso puede y menos podrá justificar que desde un instinto de “proteccionismo oficialista” se deniegue cuanta información sea reclamada. Lejos de ello, requerimos información ‘socialmente útil’ que brinde certezas para hacer o dejar de hacer, para decidir el ritmo de hábitos de consumo como su uso o disfrute de pasatiempos o consumo de víveres o consumo de fármacos o ‘sanitizantes’ (por ejemplo), tanto como para hacer o dejar de hacer desde la soberanía de la propia razón al margen de una desinformación caótica y una cacería de clientelas que en medio del miedo buscan beneficios colaterales.

El Estado debe garantizar la seguridad de las personas y eso abarca lo que consideramos en ‘tiempo normal’ y, bajo situaciones de emergencia en tiempos ‘extraordinarios’ por acontecimientos o catástrofes naturales, guerras, terremotos, epidemias.

La información pública puede ser en estos casos la distancia entre el remedio adecuado y la opción más confiable del ciudadano desesperado. No es suficiente que haya información pública, debe haberla siempre en una democracia, es determinante que dicha información sea de calidad y que el que la custodia esté dispuesto a ponerla al acceso de todos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.