Semana difícil para el gobierno federal. Empezó con un golpe fuerte, desde dentro, con la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS, precedida por una contundente carta en la que habla sobre (podría decirse: denuncia) las formas en las que la austeridad republicana ejercida desde la SHCP complica las operaciones del instituto encargado de la salud de los mexicanos.
El segundo golpe llegó casi al cierre de la semana, a través de las redes sociales. Distintos usuarios denunciaron que un vuelo comercial con destino a Mexicali había sido retrasado por instrucciones gubernamentales, debido a que en él viajaría Josefa González Blanco, titular de la Semarnat, quien no llegó puntual al embarque.
La polémica, como ya sabemos, resultó en la renuncia de la ahora ex secretaria, mediante una carta en la que se disculpó por incurrir en un acto de los mismos que han sido criticados y de los que se prometió no ocurrirían durante la 4T.
Más allá de las sentidas y comprensibles quejas ciudadanas al respecto, debemos entender las responsabilidades que conllevan los altos cargos del servicio público. Desde el inicio de esta administración se habló en distintos espacios sobre la preocupación que generaba que ni el presidente ni su gabinete contaran con las herramientas para cumplir esas responsabilidades, específicamente hablando de las aeronaves que se subastarían o pondrían en venta como parte de la estrategia de fondeo de la nueva administración.
En todo el mundo, la imagen del servidor público está desvirtuada porque se conocen los abusos y excesos a los que muchos han llegado con tal de alcanzar mayor riqueza o poder. Sin embargo, como lo hemos comentado ya en otras ocasiones en nuestro Debate Puntual, los gobiernos están formados por cientos de miles o millones de personas, muchas de las cuáles se vuelven ejemplos muy dignos de todo lo positivo que un ciudadano puede hacer por su comunidad trabajando desde el gobierno.
Las decisiones de austeridad de la nueva administración tienen un buen propósito: erradicar los abusos conocidos por todos desde hace décadas. Lo que nos dicen la reciente renuncia de Germán Martínez y la polémica del vuelo de Josefa González es que, en aras de un bien común, se han recortado recursos que comienzan a afectar la operación de las instituciones y de sus representantes.
Ambos casos son sintomáticos del día a día de los servidores públicos. Por un lado, el director de una institución debe tener la capacidad de operar con los recursos asignados para tal efecto. Por otro, deben contar con las herramientas para cumplir puntualmente sus encomiendas. Por la cantidad y relevancia de los temas que atienden, todos los imprevistos que surgen y las largas reuniones a las que cotidianamente asisten, la agenda de los altos funcionarios complica que operen en las condiciones que actualmente ha planteado el nuevo gobierno. Más allá de las medidas efectistas, muchas de las facilidades con las que solían contar los servidores públicos para el desempeño de sus funciones les ayudaban a ser más eficientes y eficaces.
Frente a la opinión pública, la salida de Germán Martínez se justificó por la imposición de márgenes externos que dificultaban su operación. En cuanto a Josefa González, se habla de que el incidente del avión sirvió como pretexto para una salida anunciada desde antes (según se comenta, ésta fue la segunda vez que presentaba su renuncia al presidente).
Siendo muy objetivos, el escenario para quien sea que quede como nuevo titular de Semarnat se antoja complejo y delicado. Muchos de los megaproyectos de la 4T (el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía) implican afectaciones a ecosistemas y reservas naturales, y requieren de cumplir con dictámenes de viabilidad y permisos que, según parece, están siendo omitidos o soslayados por las autoridades, con tal de cumplir la agenda política del Ejecutivo.
Ante cualquier eventualidad o suspicacia, el encargado o encargada del medio ambiente a nivel nacional se vuelve sujeto a sanciones administrativas e incluso penales. Quien asuma el cargo está firmando un cheque en blanco al gobierno federal o, en otros términos, será el orgulloso ganador de la rifa del tigre.
Debemos centrar nuestro Debate Puntual en las formas de la austeridad republicana. Tomar medidas que afectan directamente a los mexicanos (como en el caso del IMSS), que ahogan a las instituciones o que dificultan el actuar de sus representantes no puede ser tomado a la ligera: las repercusiones, como vimos esta semana, son reales. Desde esta columna, seguimos apoyando las acciones y políticas públicas que beneficiarán al país, siempre y cuando no afecten la vida de los ciudadanos.