No es a la ligera cuando decimos que la administración que iniciará labores el próximo 1º de diciembre está apostando su credibilidad a un cambio significativo de paradigma: todas sus propuestas están orientadas a romper de tajo con el presidencialismo y las instituciones como las conocemos hoy en día. Ejemplos de esto hay muchos. Los más significativos: un presidente electo que asegura que no tendrá un equipo de seguridad profesional para su resguardo cuando asuma el cargo; un avión que se venderá en aras del ahorro mientras el Primer Mandatario asegura que podrá llegar a tiempo a todos sus compromisos dentro y fuera de México a través de líneas aéreas comerciales; una residencia histórica que se convertirá en un centro cultural; y el caso más comentado en las últimas semanas: la descentralización de la mayoría de las dependencias federales.
Hasta ahora, no se ha escuchado un contundente NO por parte de la sociedad frente a la idea de la descentralización del Gobierno de la República y me parece que se debe más a que se ha hablado muy poco al respecto. Esto es a lo que me refiero: conocemos vagamente los posibles beneficios a la economía de las ciudades y estados que albergarán a las secretarías y demás dependencias, y se presupone que eso impactará positivamente en la economía nacional, sin embargo, a la fecha, hay ambigüedades en torno a los plazos en los que se realizará la descentralización, cuál es el total de mexicanos (entre trabajadores del Estado y sus familiares) que se reubicarán, los costos totales de la reubicación, así como los incentivos que se ofrecerán para facilitar la mudanza de los interesados en hacerlo.
Dicha transformación radical afectará no solo a miles de burócratas que trabajan en las 13 secretarías y 18 entidades de gobierno que se mudarán; también a sus familias, que sumarían, al final del próximo sexenio, a millones de mexicanos "descentralizados", al margen, repito, de los posibles beneficios que vengan después del monumental esfuerzo. Mientras que en las oficinas de la transición argumentan que están analizando de manera muy cuidadosa el tema de la descentralización, comparto con ustedes una lista con algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta por el bien de los trabajadores, de sus familias, de los ciudadanos de los estados elegidos para la reubicación y, por supuesto, de las secretarías, dependencias, y del Gobierno Federal:
1- Ubicación de las nuevas oficinas: rentar o comprar edificios existentes, con posibles remodelaciones, adecuaciones o ampliaciones para satisfacer las necesidades de cada entidad; construir nuevos edificios que funcionen de acuerdo a lo que cada dependencia requiere.
2- Traslado del personal: apoyos para la mudanza de los trabajadores y sus familias; apoyos temporales para arrendamiento de vivienda y/o facilidades para la adquisición de vivienda en la nueva ciudad; construcción y/o ampliación de espacios para el esparcimiento.
3- Costos logísticos de la reubicación: mudanza de mobiliario y equipos o compra o arrendamiento de nuevo mobiliario y equipos en la nueva sede; mensajería entre dependencias o la implementación de un sistema digital de transmisión segura de la información clasificada que vuelva prescindible el flujo de documentos en forma física, entre las dependencias y la Presidencia; interconectividad entre las dependencias; eventuales traslados de personal a otras ciudades para atender reuniones sobre temas relativos a su secretaría o dependencia.
4- Infraestructura: construcción y/o ampliación de hospitales, escuelas y vialidades; ampliación de las redes de servicios básicos (agua, luz, gas), y de los de telecomunicaciones.
5- Mercado inmobiliario: depreciación inmobiliaria en la Ciudad de México y encarecimiento en los precios de compra-venta y renta de bienes inmuebles de los estados huéspedes.
6- Cohesión social: participación federal y estatal en programas que promuevan la inclusión de los nuevos habitantes a la población existente; oportunidades iguales o similares a las que tenían trabajadores y familiares en la ciudad de origen; atención a posibles problemáticas sociales que puedan trasladarse de la capital del país a las ciudades y estados receptores.
7- Acuerdos con sindicatos: negociaciones para facilitar y propiciar la movilidad de los trabajadores.
8- Tramitología: homologación de trámites o facilidades para el traslado eventual de los trabajadores a la Ciudad de México para la atención de trámites burocráticos personales.
La lógica económica con la que justifican la intención de dispersar las labores del nuevo gobierno a lo largo y ancho de la República es el crecimiento de las ciudades a través de estas nuevas sedes que serán, a su vez, polos de desarrollo, sin embargo, existen también motivos muy significativos para creer que el costo de dicha maniobra podría ser muy alto.
Pese a que se está trazando la ruta para la descentralización, al momento, el equipo de la presente administración no tiene conocimiento del enorme gasto total que implicaría este proceso, si bien han presentado un presupuesto estimado de 127 mil millones de pesos, para un periodo de 6 años. En estos días, ya se ha podido escuchar del Dr. Gerardo Esquivel, quien ha sido propuesto para ocupar la subsecretaría de Egresos de la SHCP, que "la descentralización del gobierno federal no se concretará de inmediato". Particularmente considero que deben llevarse a cabo estudios al respecto, con énfasis en los temas enlistados en este artículo.
En nuestro Debate Puntual, debemos analizar los cambios propuestos por el próximo gobierno, y cuestionar si son necesarios, viables y benéficos. Estoy seguro de que, conforme se amplíen los diálogos en torno a la descentralización, conoceremos las posturas de los trabajadores que serán movilizados, así como de los habitantes de las ciudades que albergarán estos cambios. Ellos pueden ser la pieza fundamental para entender los verdaderos costos de la descentralización y, en su caso, quienes pueden ayudar a trazar una ruta que permita que todos los mexicanos ganemos con este movimiento.