Leer es poder

Por el interés supremo de sus pistolas

Goza el presidente de una gran aceptación popular; en su partido se ejerce el culto a su personalidad; en las cámaras cuenta con un dominio personal absoluto.

Ahora resulta que el Presidente quiere pasar por encima de la ley. No es que no supiéramos que intentaría hacerlo. Es el mismo personaje de El Encino. En aquel momento supo persuadir a sus fieles de que estaban usando la ley contra él para no dejarlo ser presidente. Ahora, en su Primer Informe de Gobierno, volverá a decir que se está usando la ley ("sabotajes legales") para impedirle ejercer la presidencia. Hace quince años, fingiendo ser la víctima, logró la candidatura para ser presidente. ¿Volverá a hacer lo mismo ahora ya con el cargo? Sabemos que su apego a la ley es bastante endeble. Sabemos también que es obstinado y necio. Claro que intentará vulnerar el Estado de derecho. Por sus pistolas.

Se enfrentará a algunos problemas. Para empezar, el derecho mexicano no permite a la autoridad sustraerse al cumplimiento de una orden judicial. En este caso, el gobierno no puede 'ampararse' contra la sociedad. Ni siquiera alegar que el aeropuerto de Santa Lucía es de interés público y asunto de seguridad nacional bastan para desobedecer una orden judicial. El gobierno en todo momento está obligado a cumplir la Constitución y las leyes. Adscribir el proyecto de Santa Lucía bajo el derecho militar, como ha señalado el abogado Gerardo Carrasco, "es una aberración jurídica: la justicia militar es para la disciplina castrense, no para proyectos de infraestructura".

El principal motivo que ha frenado la inversión nacional es la incertidumbre jurídica, luego de que se vio que el Presidente podía echar por la borda una magna obra de infraestructura por razones meramente políticas. Si el Presidente decide arrollar la ley y pasar por encima de los amparos interpuestos, esa incertidumbre se multiplicará. ¿Qué garantía tendrán las empresas para invertir en un país que demuestra, en los hechos, que el Presidente puede torcer la ley a su antojo?

El problema de los amparos contra la construcción de Santa Lucía y la suspensión del NAIM no son los amparos mismos, tal como lo entiende el Presidente, que llega hasta ver una conspiración contra su poder, sino las razones que los sustentan. Todas las obras de gran magnitud deben presentar una serie de estudios de impacto ambiental, costo, conservación arqueológica, sustentabilidad, acceso al agua, etcétera. Nada de esto presentó el gobierno o lo presentó de una forma deficiente: una vulnerabilidad real que aprovecharon los abogados. Las objeciones que plantearon los litigantes resultaron pertinentes, por ello les concedieron el amparo. ¿Son indispensables estos estudios o son inventos de "la mafia del poder"? Definitivamente, lo marca la ley. ¿Puede el Presidente determinar que a él y a sus proyectos no se les aplica la ley? Sería muy grave que así ocurriera. Abriría la puerta a cualquier exceso. Si el Presidente determinara mañana que tal o cual medio, con su particular interpretación de las noticias, atenta contra 'los intereses de la nación', podría entonces saltar sobre la ley y suspender el medio. En este caso y en todos los que sean necesarios para consolidar el poder político sobre la economía del país.

Goza el Presidente de una gran aceptación popular. En su partido, más allá de las divisiones, se ejerce el culto a su personalidad. En las cámaras, pese a los jaloneos entre las facciones enfrentadas, cuenta con un dominio personal absoluto. Es amigo de Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, institución a la que logró insertar dos miembros, una de ellas esposa del constructor José María Riobóo, involucrado en la suspensión de Texcoco como en la habilitación de Santa Lucía. Cuenta con una nueva Guardia Nacional, una institución militarizada a su servicio. Con ese poder acumulado añadir el peso de la herramienta del "interés nacional" por encima de las órdenes judiciales, vuelve prácticamente omnipotente a la Presidencia. Superado el último obstáculo, el de la ley, el camino está despejado para constituir el poder pleno del Uno.

Juró López Obrador cumplir la ley como Presidente. Ha colocado la no-corrupción (de las leyes y las instituciones) como insignia de su movimiento y su gobierno. Se trata de un nuevo episodio para reafirmar su poder. Si la cancelación de Texcoco fue una demostración de su fuerza, no quiere que Santa Lucía se convierta en la confirmación de su impotencia. No importa que en este caso, para reafirmar su poder, tenga que pasar por encima de la sociedad y de la ley. De ser así, entraríamos de facto en un sistema regido, ya no por la legalidad, sino por el arbitrario poder de sus pistolas.

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