Nadie por encima de la ley
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Nadie por encima de la ley

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Nadie por encima de la ley

10/06/2019

“Por encima de la ley, nadie”, acostumbra a repetir el presidente López Obrador. Por eso es importante la suspensión que un juez federal concedió al amparo interpuesto por el colectivo #NoMásDerroches. La suspensión permanecerá vigente hasta que él obtenga los permisos ambientales y arqueológicos para continuar la obra. El colectivo ha presentado otros 147 amparos más contra las obras en Santa Lucía.

“Por encima de la ley, nadie”, dice el Presidente, que también ha dicho que la “justicia está por encima de todo” y que si tiene que optar entre la ley y la justicia no lo pensará mucho y decidirá a favor de la justicia. Lo cual trae a la mente el caso de El Encino, un terreno en Cuajimalpa, expropiado en el año 2000 para construir una vía de acceso para el Hospital ABC. El propietario del terreno solicitó un amparo y un juez se lo concedió. El gobierno de López Obrador, entonces jefe de Gobierno del DF, desobedeció al juez y continuó las obras, porque según él la justicia estaba por encima de la ley. Se procedió entonces por el trámite del desafuero y lo demás ya es historia. La violación a la ley catapultó a López Obrador al primer plano nacional y de ahí a la Presidencia de la República.

Ahora que como Presidente su poder es superior al que tenía como jefe de Gobierno, ¿acatará la suspensión de Santa Lucía? ¿Por cuánto tiempo? Para el Presidente es claro: la construcción del aeropuerto “les molesta mucho a los corruptos”.

En paralelo, “cuatro grupos empresariales se han inconformado jurídicamente contra el acto de suspensión de la construcción del NAIM ante el tribunal administrativo federal”, informó en estas páginas Lourdes Mendoza (El Financiero, 5/Junio/19). Otro grupo empresarial interpuso una demanda en Nueva York por el mismo motivo.

¿Primará la ley o su particular interpretación de la justicia? El colectivo #NoMásDerroches anunció que no descarta presentar recursos semejantes ante obras como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Las recientes amenazas arancelarias de Trump, que culminaron en la imposición de humillantes medidas migratorias que México deberá cumplir, revelaron, para quien todavía no lo tuviera claro, la enorme fragilidad de la economía mexicana. Las calificadoras bajaron sus estimaciones sobre México. Además de que la amenaza sigue vigente: en 90 días Estados Unidos evaluarán si cumplimos y, en caso de que no, se impondrán los aranceles prometidos.

Ante este complejo panorama económico y político a López Obrador se le presenta de nuevo una opción: que suspenda definitivamente Santa Lucía y que permita que se reanude la construcción del aeropuerto de Texcoco, ya no con dinero público sino privado (que es lo que Carlos Slim le propuso al Presidente en una carta).

Amparado en que “nadie está por encima de la ley” y en que, aunque le disguste el resultado, debe someterse a ella, López Obrador puede optar por esa difícil decisión. Los efectos positivos de esa medida serían inmensos: enviaría una señal a los inversionistas nacionales y extranjeros de que el gobierno se ciñe a la ley, no gastaría un centavo en esa obra y con lo que ahorraría al suspender Santa Lucía podría seguir sosteniendo sus programas sociales. Pero sobre todo sería una señal de que el Presidente no está casado con su terquedad, que es un hombre razonable que puede enmendar sus errores.

A los que aleguen que esto es imposible, que López Obrador jamás da su brazo a torcer, les recuerdo que algo así ya ocurrió con el caso de la presencia del Ejército en las calles. En campaña prometió mil veces que retiraría al Ejército de las labores de seguridad, que esa no era su función. Ya como Presidente electo, ante la grave situación, tuvo que desdecirse: no sólo conservó al Ejército en las calles sino que le dio soporte legal a esa situación irregular. No sólo garantizó la presencia del Ejército sino que, como nunca antes, se han delegado en él enormes responsabilidades. López Obrador entendió que su futuro como Presidente estaba en juego. Pudo más en él la ambición de verse como uno de los mejores presidentes que su famosa terquedad.

Puede, claro, ocurrir lo contrario. Puede ser que no cambie de opinión. Que opte por una decisión semejante a la de El Encino. Que impugne los amparos y los lleve hasta la Suprema Corte de Justicia. Así se explicarían los embates mediáticos que desde hace algún tiempo están padeciendo los ministros de la Suprema Corte. Esto conduciría, por la incertidumbre jurídica, a la pérdida de calificación de nuestros bonos, al aumento del costo de nuestra deuda, a la falta de fondos para cumplir con los programas sociales que sostienen el andamiaje de su clientelismo electoral. Podría ser que, ante la crisis, convoque a marchas y convierta a empresarios, periodistas e intelectuales en sus chivos expiatorios.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.