Fernando Curiel

La Corte, cortesana

En el aire quedan, la intromisión de la política en la Corte, si AMLO seguirá en su empeño no obstante la suplantación de pregunta, y cuál será la suerte de la otra petición de enjuiciamiento, la de las firmas ciudadanas contra reloj.

Uno. Si entendí bien, el presidente de la Corte, respecto a la petición de consulta, presentada por el Ejecutivo federal, con robusta lógica electorera, para supuestamente enjuiciar a un puñado de expresidentes de la República, acotó que el máximo tribunal, en este caso, no encaraba un caso ni jurisdiccional ni técnico, sino político. Desnaturalización (por decir lo menos), cuyos matices no compensan el desatinado alineamiento del Poder Judicial al Ejecutivo, como había ocurrido antes con la mayoría morenista de Legislativo. ¿División de poderes? ¡Nombre, pelillos a la mar revuelta!

Dos. Y no, señor ministro, permítame enmendarlo, el papel de la Suprema Corte es constitucional, estrictamente constitucional, mientras que la política es cosa de políticos, de la ejecutoria y el color partidario que fueren, taimados o resueltos, con luces o ayunos de luces, y a lo mejor uno que otro con su culturita constitucionalista (que de todo hay en tamaña viña).

Tres. La verdad es que la, por fuerza dividida resolución, me cimbró. Trabajé en la Corte de los dorados años sesenta del pasado siglo, carrera que empezó, como recolector de jurisprudencias, y concluyó como Secretario de Estudio y Cuenta en la Primera Sala, la Penal. Años del presidencialismo absoluto priista, del partido de Estado, no ignoraba la subrepticia mano negra presidencial, contrastada en su inmensa mayoría, por lumbreras jurídicas. Simbólica pero real, era la admonitoria alegoría de los murales de Orozco. Pero me ganó la literatura, y escapé a Londres.

Cuatro. Aunque con el regusto jurídico (el Derecho Constitucional y la Teoría del Estado, en primer término); deplorando de tarde en tarde no haber estado en condiciones de que el doctor Mario de la Cueva me dirigiera una morosa tesis de licenciatura sobre un tema que se me ocurrió de Derecho Adjetivo Constitucional (reglas que la misma Carta Magna fija para su enmienda, reforma y aún autodestrucción); seguí las malas noticias de la decadencia de la Corte, rematada con el ingreso de Medina Mora (este sí, urgido de investigación, con o sin consulta al pueblo).

Cinco. Hablaba de matices. Antes de la sumisa dividida resolución, el adelantado NO, muy Pilatos, a la encuesta por él mismo promotor y solicitante (negativa que, a fe mía, debió tenerse en consideración fundamental). Después de la resolución, un confuso panorama. La desaparición de los nombres de los exdenunciados, de Salinas (que no para de grillar) a Peña Nieto (en permanente vacaciones españolas), pasando por los rústicos Fox y Calderón. El carácter no vinculante de la encuesta. La reformulación de la pregunta inicial.

Seis. Aquí radica el quid. No precisamente estructurada, pero congruente con su propósito agitrop electoral, rezaba la pregunta original: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".

Siete. Pregunta de la que lo que importa no es su manifiesta irresponsabilidad (la justicia se aplica, no se consulta), sino la que la suple, redactada por quién sabe quién y en qué condiciones, y que se ha ganado, situación lamentable para un espacio (casi taller de redacción) de precisa lingüística jurídica, de trabalenguas. No me ayudes compadre (compadre, que, saliéndose con la suya, la tacha de vaga). Me temo que la cosa es más grave.

Ocho. Reza la nueva ¿redacción?: "¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". Pa'su mecha.

Nueve. De un plumazo ya no están los que estaban, "neoliberales", depredadores. A la investigación la sustituye el término, entiéndase como se entienda, esclarecimiento. Lo de "actores políticos", se puede brincar el pasado para desparramarse por el presente, el del solicitante y los suyos y sus "decisiones políticas" (cuestionada atención a la pandemia, picada de la economía, ánimo de diario enfrentamiento, olvido de la academia y la cultura, etcétera, etcétera). ¿Y por qué la separación de lo constitucional y lo legal? ¿Qué no lo segundo se subsume en lo primero?

Diez. En cuanto a lo que sigue, en un ambiente que se envenena día con día, sólo hay la certidumbre de que lo que procedía era la declaración de inconstitucionalidad (y quizá el rapapolvo de que, si existía la presunción delictiva, se procediera sin ambages) y la millonada que inútil, absurdamente se gastará, en el proceso de la encuesta. En el aire quedan, la intromisión de la política en la Corte, si AMLO seguirá en su empeño no obstante la suplantación de pregunta, y cuál será la suerte de la otra petición de enjuiciamiento, la de las firmas ciudadanas contra reloj.

Once. Y ni modo, de justicia (que de justicia y no de política se trata) es de mencionar a los ministros que votaron en contra de la aquiescente Fórmula Zaldívar, que sin tapar un hoyo destapó otros. En alfabético orden: Aguilar, Franco, Leynez, Pardo, Piña.

Doce. Y (por último pero no finalmente, por lo que vendrá), recomiendo estar al tanto de los análisis conducentes, de un constitucionalista de la talla de mi amigo Diego Valadés.

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