Fernando Curiel

Imbatible clase política: estudio de caso

Fernando Curiel habla sobre la clase política para quebrantar la Ley en el caso de Baja California.

Uno. ¿De qué hablo cuando digo que los estilos presidenciales personales de gobernar, salvo reelección (hueso duro de roer, todavía), se desgastan y acaban por pasar de largo (echeverriato, salinismo); mientras, por el contrario, más allá de los sexenios, se mantiene en sus trece (el poder, los dineros, el privilegio) una clase, la política?

Dos. Clase, la referida, a la que cuadran los calificativos de voracidad, oportunismo, tráfico doctrinal e ideológico, instinto acomodaticio, musculatura saltimbanqui.

Tres. ¿De qué hablo, reitero? De un ejemplo mayúsculo: lo que está ocurriendo con el Estado de Baja California.

Cuatro. Gran esfuerzo ha costado (glorificación de uso constante), el salto de elecciones controladas por el Estado, a elecciones arrebatadas al gobierno en turno, y entregadas a un organismo autónomo, el INE.

Cinco. Un paradigma de esta nueva situación lo constituye, sin lugar a dudas, el elector, facultado de pronunciarse en tal o cual sentido. Y ahí queda la cosa. Aquí se rompió un jarro y cada quien a su cotarro.

Seis. Pues hete aquí (allá, en Baja California, mejor dicho) que no es así.

Siete. El "electorado", verdad es, se pronunció por el candidato morenista a la gubernatura, y una fecha de caducidad de dos años.

Ocho. Sin embargo, a posteriori (a mansalva), pasadas las elecciones, que pusieron al votante a votar y a contar votos, firmar actas y demás parafernalia, la clase política entra en acción, y por sus pistolas (intereses particulares, no públicos), manda a paseo a la "Voluntad General" (ese otro paradigma).

Nueve. Un Poder Legislativo, con las maletas listas para decir abur, vota por ampliar el periodo del Ejecutivo local. De dos a cinco años.

Diez. Escándalo, tironeo, acusaciones de toda laya, dimes y diretes, confusión. El INE habla de retroceso democrático. La titular de Gobernación, de inconstitucionalidad. ¿Y? Como si se tratara de instituciones y no de intereses particulares.

Once. Sin distinción de partidos, en un enjuague de panistas, priistas y morenistas, por encima del orden jurídico (constitucional, electoral), el periodo de mando del gobernador electo pasa, de dos a cinco años.

Doce. En la ignominia se inscriben los episodios del antes, del durante y del después, del atraco.

Trece.El lamentable papel de los partidos, extinto el furor guerrero mostrado en sus campañas.

Catorce. El supeditado papel de un Poder Legislativo, el que llega y el que se va, empeñado en perder y de súbito encontrar la documentación condigna.

Quince. El papel (comedia de equivocaciones) del gobierno saliente y del gobierno entrante: que no, que sí, que quién sabe, que siempre sí.

Dieciséis. El papel de un electorado, que ya se manifestó, mudado ahora masa materia de encuesta (¡si dos, si cinco años, cuando ya había expresado con todas sus letras que dos y sanseacabó¡). Consulta a modo, mínima participación. La clase política se sale con la suya.

Diecisiete. Lo indudable es la complicidad (y el ridículo) de partidos, y gobernantes, y legisladores que entran y que salen; la cara dura, el desparpajo de quebrantar la ley a ojos vistas.

Dieciocho. Quién, en lo anecdótico, se ocupe de un PAN que gobernó Baja California por tres décadas; de un PRI que todo lo acusa así lleva las de ganar (sus personeros cambiando de casaca, y no por razones climáticas); y de un Morena que, antes que oponerse a, participa, en el enjuague; tendrá de sobra tela de donde cortar.

Diecinueve. Otro tanto ocurrirá con quien lo haga con la actuación de ambos mandatarios locales, el que deja el cetro y el que lo toma.

Veinte. Pero si en apariencia la decisión se deja en manos del "pueblo", sobrepujado su papel de elector, la verdad es que el ejemplo flagrante de poderes e intereses clasistas, investidos de facultades públicas, deja un precedente de inconstitucionalidad alarmante y cínico.

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