Desatar al presidente
menu-trigger
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Desatar al presidente

COMPARTIR

···
menu-trigger

Desatar al presidente

02/02/2018
1


ME Peña. (Cuartoscuro)
,

Una de las facultades más importantes que tiene cualquier jefe de Estado o de gobierno es la de nombramiento de sus principales colaboradores de gabinete, limitada sólo por excepción.

Para las empresas públicas, órganos reguladores u otros entes públicos, en México la facultad de nombramiento del presidente se ha visto paulatinamente limitada al tener que coordinarse, cada vez en más casos, con las cámaras de Senadores o de Diputados para fines de ratificación del nombramiento de que se trate.

En general, el cambio en el ejercicio de esta facultad trascendental se ha conducido con sensatez y equilibrio, pero hay un caso que consideramos atroz, radical e inexplicable: el de las telecomunicaciones.

Es importante que cualquiera de los (pre)candidatos a la presidencia de la República sepan del caso y que, quien salga favorecido por el voto mayoritario de los mexicanos, recupere el equilibrio perdido y la dignidad de la institución presidencial.

Conforme al artículo 28 constitucional, el órgano regulador de las telecomunicaciones en México es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo cuerpo de gobierno está compuesto por siete comisionados, incluido su presidente. Son designados por nueve años en forma escalonada a propuesta del presidente de la República, con la ratificación del Senado; la Constitución señala los requisitos a cumplirse.

Hasta aquí todo nos parece idóneo, estamos ante un saludable método de nombramiento entre el presidente y el Senado. El problema empieza con lo que a continuación señala el artículo 28: que habrá un sistema de aspirantes que deberán acreditar los requisitos ante un Comité de Evaluación (CE) integrado por Banxico, Inegi e INEE, quien, en su caso, les da derecho a presentar un examen de conocimiento.

Por cada vacante, el CE enviará al presidente de la República una lista de entre tres y cinco personas (las que hayan obtenido las calificaciones más altas), para que seleccione una que propondrá para su nombramiento al Senado.

El CE ya ha actuado en repetidas ocasiones y son diversas las críticas que podemos hacer. No se informa por qué se descalifica a un aspirante, quién elabora los reactivos del examen, cómo se integra éste, en qué reactivos falló el aspirante, quién califica, cómo se integran las ternas o quintetas, bajo qué criterios, ni cuáles son las medidas de seguridad y secrecía de los reactivos.

Para colmo, el propio CE ha dicho que los reactivos del examen son seleccionados por un software o programa. ¡Caray!

En adición, es criticable el procedimiento: a) que la mayoría de los reactivos requieren conocimientos importantes de ingeniería o economía, lo que descalifica a un sinnúmero de profesionistas idóneos; b) que, al ser de opción múltiple, tienen interpretaciones equívocas; c) no hay valoración de la experiencia, logros y perfil personal de los aspirantes; d) no hay entrevistas con ellos ni conocimiento de su visión personal del sector, de sus retos y oportunidades.

En fin, un procedimiento binario y frío, que más se parece a los que sigue el Estado para la compra de lápices y no para la selección de personas claves para el desarrollo del país.

Le cercenaron al presidente de la República la posibilidad de buscar y encontrar a las mejores personas (que podrían ser varios de los actuales comisionados): profesionistas, empresarios, académicos, políticos, administradores públicos o privados de primer nivel. Y también le quitaron algo fundamental y a lo que tiene derecho: elegir personas afines a su ideología y comprometidas con una cierta visión de políticas públicas.

El procedimiento descrito tiene un tufo de criminalización de las decisiones del presidente, inaceptable e indigno. Y, sobre todo, inútil; pasamos de la discrecionalidad del presidente a la de burócratas sin nombre ni apellido, omnímodos e infalibles. O a la decisión de un software. Imposible saberlo.

No estamos en contra de la autonomía del IFT, sino de un procedimiento parcial y opaco. ¿Por qué no hacer lo mismo que se hace con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con los órganos del sector financiero, de energía o educativo? Si es bueno para dichas instituciones, ¿por qué no lo puede ser para las telecomunicaciones?

* El autor es abogado especialista en telecomunicaciones.

También te puede interesar:
La discusión por venir
Dos golpes, no
¿Ayudar al gigante?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.