Sin instituciones
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Sin instituciones

04/04/2019
Actualización 04/04/2019 - 13:10

Una de las características de toda democracia consolidada es la de construir instituciones que paulatinamente reduzcan el poder de los gobernantes para realizar cambios drásticos que afecten tanto las libertades de los individuos, como todo aquello que, al ser construido con el consenso de las mayorías, se considera debe permanecer más allá de los vaivenes de los cambios de gobierno producto de procesos electorales indispensables para evitar la creación de dictaduras unipersonales.

Es por ello que la construcción del PRI como partido 'institucional' suponía la superación del régimen de caudillos y de movilización de masas del PNR y PRM a un modelo no democrático, pero sí instaurador de reglas permanentes e institucionales para evitar el enfrentamiento por la sucesión del poder y la modulación de las demandas sociales de acuerdo con los dictados del presidente en turno. Era la institucionalización del autoritarismo que fue sustituida en gran parte por la transición democrática, que construyó nuevas instancias para dirimir conflictos, elegir gobernantes y evitar la concentración del poder en una sola persona.

Todos esos organismos que han jugado el papel de intermediarios entre el gobierno central, los gobernadores estatales, los congresos, el Poder Judicial y la sociedad en toda su diversidad, han sido fundamentales para diseñar un nuevo armazón que permita el diálogo y los contrapesos entre los diferentes grupos de poder con intereses diversos e incluso opuestos entre sí. Una de las grandes debilidades de este régimen democrático, empezado a construirse desde 1997 cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, fue el de la contención de la corrupción heredada del viejo régimen y potenciada incluso por funcionarios y gobernadores sobre los cuales los mecanismos de control no sirvieron para nada.

Y es este argumento, el del combate a una corrupción no surgida en el 'periodo neoliberal', sino en el de la Revolución Mexicana en sus distintas fases y adaptada en la débil democracia de la alternancia, el que ha servido al gobierno de López Obrador para dinamitar a todas las organizaciones surgidas en este último periodo, bajo el argumento de que la institucionalidad democrática es sinónimo de 'corrupción neoliberal'. Por eso hay que desaparecer el INAI, el INEE, la Cofetel, la CRE y, en una de esas, hasta el propio INE, en el entendido de que se tratan de instituciones ilegitimas y corruptas que pretenden sustituir la relación directa que debe existir entre gobernante y gobernado, en eso que denominan 'democracia participativa' y que sustituiría eventualmente a la democracia representativa.

La relación directa entre gobernante y gobernado pulveriza a las instituciones, y hace depender al ciudadano de la voluntad del mandatario, que es idéntica a la del 'pueblo', esa construcción teórica que elimina la diversidad y unifica a todos en torno a una sola persona: el presidente de la República.

Vivir sin instituciones autónomas que generen información veraz y oportuna que sirva de contrapeso político real a la inercia del poder gobernante, va en línea contraria al concepto de democracia representativa y plural, garante de los derechos de todos, mayorías y minorías, y dique de contención a las aspiraciones de todo aquel poseedor de un poder temporal, pero que siempre está tentado a extender su permanencia de una u otra forma.

Defender la legitimidad de estos órganos autónomos del Estado por encima de la responsabilidad que puedan o no tener determinados funcionarios por presuntos actos de corrupción, es indispensable para mantener viva una democracia mexicana hoy en peligro de extinción.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.