Cuando una autoridad es omisa en el cumplimiento de una obligación establecida en la ley, la acusación de negligencia se convierte en una demanda social y política con repercusiones proporcionales al tamaño del daño ocasionado. La discusión sobre el tema de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala se mueve precisamente en esta dirección. Reconociendo que la disputa entre las bandas criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos es la parte central del trágico evento, la disputa se centra en quién o quiénes fueron los directamente responsables de permitir la desaparición de los jóvenes.
Desde intentos de culpar al Ejército, o al 'Estado mexicano' en su conjunto, o limitar la investigación a los Abarca, Aguirre, y otras autoridades locales, el problema se centra en definir claramente quiénes por acción u omisión permitieron el asesinato de los jóvenes. En este sentido, el tema principal radica en la obligación que tiene el Estado para con los ciudadanos, y que es su protección personal y de sus bienes, en ocasiones incluso contra la propia voluntad del individuo.
Ninguna autoridad le permite a una persona provocarse daño a sí mismo o suicidarse, en el entendido de que su función principal es salvaguardar la integridad de los individuos. Tampoco le autorizaría a incendiar su casa por hecho de poseerla, tanto por el posible daño a terceros, como por considerar inadmisible la destrucción de propiedad sin razón legal alguna. Es por ello que la relación entre Estado-sociedad e individuo se basa en un régimen de leyes. En una interacción de derechos y obligaciones que pretenden impedir la destrucción de unos y otros por el conflicto de intereses entre las partes.
Todo esto en relación a los terribles acontecimientos del viernes pasado, donde decenas de individuos –hombres, mujeres y niños– fallecieron tras ejercer una acción colectiva irracional al intentar apropiarse de gasolina que brotaba a borbotones de una toma ilegal de un ducto de Pemex. Por supuesto que los 25 militares que se encontraban en la zona eran incapaces de controlar a la masa enloquecida por el oro líquido que salía del ducto dañado. Pero suponer que en dos horas de incesante flujo de gasolina no era posible movilizar a alguna fuerza pública que desalojara a los recolectores de combustible ante el enorme riesgo que corrían, es reconocer la incapacidad del Estado ante su obligación de proteger a los ciudadanos, incluso de sus propias acciones ilegales.
Así como cuando se produce un terremoto y se obliga a la población a evacuar sus hogares dañados y en peligro de derrumbarse, incluso contra su voluntad, de igual manera era un imperativo para autoridades estatales y federales coordinarse para evitar que este robo masivo de gasolina terminara en una tragedia. Las responsabilidades sobre la apertura del ducto y su supervisión por parte de Pemex tendrán que determinarse por peritos profesionales. Pero lo que resulta inexplicable es el tiempo transcurrido entre el inicio de la fuga y la explosión, y la inacción en ese lapso tanto de los responsables de la seguridad en Hidalgo, como por aquellos a cargo de la vigilancia de los ductos a nivel federal.
Armar una campaña contra el crimen organizado en uno de sus negocios más jugosos exige un alto grado de planeación que requiere tiempo, profesionalismo y una coordinación fina de grandes dimensiones entre diversas corporaciones de seguridad. La espontaneidad y la reacción inmediata sin objetivos conducen a la negligencia y a la pérdida de vidas sin justificación alguna.