Lo que parece no ser comprendido por la actual administración mexicana es el hecho de que muchas de sus medidas, dirigidas a corregir los excesos y abusos del pasado, no conectan con las prácticas democráticas y los estándares internacionales con los que se miden los cambios propuestos para enmendar los errores de sus antecesores. La aparición de formas de corrupción en un sinnúmero de áreas que integran el sistema de gobierno de nuestro país, no es un descubrimiento novedoso, sino más bien la ratificación de un fenómeno que sirvió como instrumento de reparto de recursos por parte de una clase política que consideraba legitimo apropiarse de parte del erario público a cambio de los servicios prestados a la patria.
Pero intentar combatir la corrupción desmembrando al Estado en sus funciones sustantivas es francamente un despropósito. Desaparecer las estancias infantiles, cerrar los oleoductos, anular a los órganos autónomos, o despedir indiscriminadamente a cientos de burócratas por el hecho de definir a todos y cada uno de estos elementos como factores generadores de corrupción, no conduce a la reducción de este pernicioso fenómeno, sino más bien a su reconfiguración a partir de los nuevos beneficiarios del dinero público.
En este intento por centralizar el poder político y subordinar el poder económico a las necesidades del gobierno central para dirigir al país a un nuevo rumbo, las variables externas pueden cobrar rápido y caro la improvisación y la imposibilidad de poner en práctica el proyecto de nación prometido. En los años 70 del siglo pasado, ir contra la corriente económica internacional era más fácil. Los números se escondían, los niveles de las reservas internacionales eran secretos de Estado, y para cuando los inversionistas se daban cuenta de los excesos de los gobernantes, la crisis ya estaba encima con pocas posibilidades de reaccionar a tiempo.
Pero esa realidad no existe más. Cuando para evitar una mayor caída en la calificación de la deuda de Pemex se propone una mayor inyección de capital proveniente de recursos gubernamentales sin modificar la estructura organizativa y productiva de la petrolera, ni garantizar la estrategia de asociación con privados, la respuesta de Morgan Stanley, Citibanamex, Fitch y otros es la misma: de nada sirve suministrarle grandes capitales a un negocio improductivo que seguirá operando con pérdidas hasta en tanto la compañía no modifique su plan de negocios para garantizar rentabilidad.
Ni las corredurías ni las calificadoras se tragan el cuento de que eliminando por decreto la corrupción saldrán chorros del petróleo de los pozos, y que las refinerías existentes y las próximas a construir le darán solvencia a Pemex. El modelo de transparencia y rendición de cuentas que hoy demandan los mercados internacionales no es compatible con el que se pretende construir en nuestro país a partir de una lógica soberanista, que insiste en crecer hacia adentro, sin demostrar la viabilidad financiera de esta propuesta económica.
Tanto Carlos Urzúa como el equipo hacendario en su conjunto saben bien que las presiones de los agentes económicos internacionales se mueven a pasos agigantados, por lo que el choque entre la propuesta de crecer hacia adentro con ferrocarriles, refinerías y otros programas de dudosa rentabilidad, frente a las limitaciones presupuestales y las advertencias de las voces expertas del exterior, ocasionarán más temprano que tarde un cortocircuito entre dos modelos incompatibles entre sí. El del mercado libre, abierto y rentable, y el de la cerrazón, los controles y las cifras maquilladas que no engañan a nadie.