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Los frenos

13/12/2018
Actualización 13/12/2018 - 10:18

Toda persona que ocupa un cargo público posee un grado de poder que le permite decidir sobre el destino de todo aquel que se ve afectado por sus decisiones. Es por ello que en un régimen democrático existen contrapesos de todo tipo para evitar que la acción arbitraria de un burócrata pueda arruinarle la vida a cualquier ciudadano. Cuando este fenómeno se eleva a la figura presidencial, es ahí cuando se requiere de una estructura institucional capaz de contener la enorme fuerza que posee el primer mandatario en turno.

Es por ello que la división de poderes planteada por Montesquieu insiste en la necesidad de cubrir a cada instancia de gobierno con una envoltura que le impida actuar en su máxima expresión. El presidencialismo mexicano, acotado desde 1997 y hasta 2018, recobró su poderío en el momento en que Morena ganó la mayoría en el Congreso y en las legislaturas estatales, inclinando la balanza en un solo sentido.

En una democracia institucionalizada y operativa esto no hubiese representado problema alguno, en la medida en que las bases legales de la relación entre las entidades federativas y el poder central hubiesen servido de referencia para evitar la concentración del mando en el presidente de la república. Y es que la ausencia de un nuevo pacto entre la federación y el primer mandatario fue la constante que impidió que la democracia mexicana crease los contrapesos necesarios para ser funcional en todo el territorio nacional.

Es por eso que hoy los gobernadores de oposición se enfrentan con López Obrador, ante la intención manifiesta de éste de controlar a los estados a través de figuras extra legales, como los llamados 'superdelegados', los cuales tienen la función de servir como guardianes de los jefes estatales. En este escenario el tercer poder, el Judicial, se asume como el único obstáculo poseedor de los instrumentos necesarios para evitar que el Ejecutivo federal se convierta en el dueño absoluto de las decisiones a nivel nacional.

La subordinación de todos los factores de poder al presidente va conformando esa tendencia a legitimar el autoritarismo como forma de gobierno. Y no se trata únicamente de que las características del liderazgo carismático de AMLO nos conduzcan a esa temible realidad. Cualquier político sin freno alguno se sigue de frente hasta que la realidad lo obligue a detenerse antes o después de haber hundido al país en la ruina. Más aún alguien como Andrés Manuel, quien tiene la propensión a considerarse dueño de la verdad absoluta.

La negativa de la Suprema Corte de Justicia a ratificar su derecho de reducir los salarios de los funcionarios públicos, incluyendo a aquellos pertenecientes a otros poderes legalmente establecidos, provocó una reacción furiosa por parte de sus operadores en el Congreso –Monreal y Delgado–, quienes no sólo descalificaron la medida, sino incluso llamaron a desconocer la resolución judicial y llevar a la práctica la disminución de los salarios.

El propio presidente dijo con respecto a los jueces de la Corte: “Se equivocaron, se olvidan de Juárez, deberían quitar su retrato de ahí”. No existen límites para aquellos que al ganar casi todo en las elecciones consideran inadmisible cualquier revés por parte de una instancia autónoma y no subordinada a su proyecto de gobierno.

La Suprema Corte y los mercados financieros se han convertido, junto con algunos medios de comunicación, en un dique de contención para un gobierno poseedor de la mayor legitimidad y fuerza política en las últimas décadas. Un gobierno que no alcanza a coordinarse de manera eficiente y que busca interpretar, cada quien a su modo, los deseos del jefe máximo más allá de la propia legalidad democrática.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.