Las calificadoras
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Las calificadoras

07/02/2019

Cuando la calificadora Fitch decidió reducir la calificación de Pemex de BBB+ a BBB- con perspectiva negativa, desató una serie de especulaciones con respecto a la viabilidad de la empresa en su plan de recapitalización y remodelación de funciones de acuerdo con los objetivos expuestos por la nueva administración federal. Las alarmas que pusieron a temblar a los mercados y a muchos grandes grupos de inversionistas, fueron rápidamente acalladas por la Secretaría de Hacienda, inmediatamente después de que el presidente López Obrador cuestionara la validez y legitimidad de la propia calificadora.

Y es que la visita realizada semanas atrás por funcionarios de Pemex y Hacienda para convencer a los señores del dinero de Wall Street, en el sentido de que los proyectos de inversión de la petrolera eran viables, terminó en un desastre comunicacional, fundamentalmente por la falta de coordinación de las dos entidades mexicanas. La desconfianza planteada por la otra calificadora, Moody’s, en diciembre con respecto al futuro de Petróleos Mexicanos, se radicalizó por el análisis hecho por Fitch la semana pasada.

Sin embargo, la capacidad de respuesta de los funcionarios de Hacienda, encabezados por Carlos Urzúa, fue eficiente y puntual. Tanto Moody’s como Standard & Poor’s emitieron sendos comunicados, según los cuales le otorgan a Pemex un periodo de gracia de seis meses para demostrar que sus proyectos de inversión y de rentabilidad son lo suficientemente estructurados como para brindar a los inversionistas garantías de rentabilidad y estabilidad, aseguradas también por el Estado mexicano.

Y es aquí donde los equipos de Hacienda, encabezado por Urzúa, y el de Pemex, por Romero Oropeza, entrarán en estos días en una lucha cerrada por definir qué tipo de programa se presentará en los próximos meses. Los temas centrales giran en torno a la construcción de la refinería de Dos Bocas y la cancelación de licitaciones que formaban parte de la reforma energética, hoy puesta en tela de juicio por el propio López Obrador. La propia estructura inoperante, improductiva y con altísimos grados de corrupción interna y externa, mantenida así por administraciones anteriores, complican más aún el intento de reconstruir una petrolera para consumo interno y, en menor medida, para exportación.

Es por ello fundamental que Hacienda tome la batuta en este tema antes de que las calificadoras lancen un mensaje que dañe en definitiva las finanzas nacionales, y con ello la capacidad de consumo de millones de mexicanos. Gracias a los buenos oficios de Urzúa, Fitch incluso comunicó que una mayor degradación de la deuda de Pemex no dañaría necesariamente la deuda soberana de México. Esto significa una posición de enorme tolerancia y respeto a la capacidad productiva y a la estabilidad de las variables macroeconómicas de México. Pero esto no puede prolongarse indefinidamente si no existen números que se comprueben en la realidad, y confianza que se refrende por resultados constantes y tangibles.

La economía mexicana es hoy dependiente en gran medida de un sector exportador fuertemente vinculado a su contraparte norteamericana. Si la locomotora del vecino del norte deja de moverse a una velocidad significativa, principalmente en el terreno de las manufacturas, podríamos entrar en un periodo de ausencia de recursos que sería fatal para la cadena productiva mexicana, más aún con un sector interno que se mueve lentamente y amenaza con paralizarse en el corto plazo.

Las calificadoras no siempre tienen la razón, pero sí la fuerza para impulsar o hundir economías de todo tipo y tamaño. Cuidado.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.