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22/02/2018
Actualización 22/02/2018 - 10:36

Los partidos políticos en general han adquirido mala fama frente a la sociedad, tanto por los abusos de algunos de sus miembros, como por un sistema político que les otorga privilegios que, a los ojos de los ciudadanos, son inaceptables por excesivos e injustos. Sin embargo, no hay democracia representativa sin partidos políticos. Incluso los llamados candidatos independientes terminan creando organizaciones similares a los partidos, en la medida en que institucionalizan su participación en procesos electorales. Sin embargo, hay unos partidos más impopulares que otros a partir de su actuación a lo largo del tiempo.

El fenómeno del PRI es, sin duda, un ejemplo de ello. Después de la ola de cambio que llevó a Vicente Fox a la presidencia de la República en el 2000, muchos supusieron el fin del Revolucionario Institucional como partido hegemónico y su disolución inmediata. Esto no sucedió. Por el contrario, el partido que habiendo perdido la presidencia dejó de tener un liderazgo único, comenzó a fortalecerse en las entidades que gobernaba a través de mandatarios estatales cada vez más poderosos e invencibles. Después del fracaso de Roberto Madrazo en 2006, la aparición de un gobernador con perfil y aspiración presidencial –Enrique Peña Nieto– abrió la puerta al retorno de los tricolores a la silla grande.

En 2012, el antipriismo del 2000 había desaparecido, y doce años de gobiernos panistas habían borrado de la memoria de muchos mexicanos el régimen de partido único y los abusos del presidencialismo absoluto. Con el retorno del PRI a Los Pinos se abría la posibilidad de una transformación profunda de su estructura interna, pero esto no fue así. Frente a la aprobación de las grandes reformas que sin duda cambiarán radicalmente la imagen del país en los próximos años, se mantuvo inamovible un esquema de corrupción y abuso de poder por parte de numerosos gobernadores –la mayoría priistas–, quienes consiguieron revivir el sentimiento anti-PRI que habían logrado desaparecer a inicio del sexenio.

Es por ello que la selección de José Antonio Meade como candidato externo del PRI era la única alternativa competitiva de los tricolores ante el enorme desprestigio de la marca partidaria, que rebasa 50 por ciento en cualquier encuesta seria que se presenta. De hecho una buena parte de la explicación del porqué el bajo impulso inicial de la campaña de Meade se basa en su asociación directa con el PRI, ante quien el candidato tiene necesariamente que afirmar posiciones para obtener los beneficios de la maquinaria electoral del partido, indispensable para poder llevar a las urnas a los votantes el día de la elección.

Pero eso no alcanza para ganar. Meade requiere durante este absurdo periodo de intercampaña, y en la campaña misma, aparecer como una especie de escapista que se presente simultáneamente como priista y no priista ante la sociedad en general. Que sea capaz de asegurarle al electorado que él no tiene nada que ver con los gobernadores bandidos del tricolor, ni los tolerará en el futuro, y simultáneamente enviar el mensaje a la base priista de que seguirá fiel al partido y sus instituciones.

Todos los candidatos tienen este dilema en mayor o menor medida. AMLO lo tiene con Elba Esther Gordillo y otros, y Anaya con los familiares de sus aliados convertidos en candidatos de manera automática. El problema del candidato tricolor es el peso que el anti-PRI tiene en grandes segmentos de la sociedad, y que nubla lo sumamente positivo que resulta contar con un candidato honesto y capaz como José Antonio Meade. La marca PRI terminó por hundir a Labastida en el 2000 y revivió con Peña en 2012. Hoy, es un enigma a resolver para la campaña del abanderado de la continuidad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.