Las dos reformas que en poco tiempo estarán afectando la vida de millones de mexicanos, están prácticamente puestas en marcha. La recientemente aprobada reforma laboral se ajusta a lo establecido en el T-MEC y la Organización Internacional del Trabajo en el tema de la libertad sindical y la negociación colectiva, con lo que se pretende bloquear cualquier argumento por parte de los demócratas norteamericanos, quienes insisten en que las condiciones laborales en México son incompatibles con un mercado abierto para los tres países.
Paradójicamente viejos liderazgos corporativos, como el de Napoleón Gómez Urrutia y el de Elba Esther Gordillo, se verán beneficiados con la posibilidad de recuperar espacios en el marco de una vida sindical más abierta y transparente, aunque esto los obligará también a desprenderse de sus viejas prácticas inconsistentes con una vida sindical moderna y monitoreada por organismos internacionales. Frente al sindicalismo salvaje y caciquil que mantiene cerrada la Universidad Autónoma Metropolitana, o las demandas inalcanzables de la CNTE, la idea de una libre contratación y el surgimiento de liderazgos ajenos a las burocracias tradicionales, se presentan como una buena nueva en un tenso mercado laboral nacional.
La otra reforma, la educativa, parte del principio de intentar restablecer cierto poder a los sindicatos a cambio de desechar en definitiva cualquier pretensión de controlar plazas, presupuestos, ingreso y promoción de personal. Con una perspectiva centralizadora, la reforma educativa limita el alcance de las evaluaciones para darle más estabilidad al personal docente a expensas de filtros menos exigentes que pudiesen amenazar la estabilidad laboral. En este sentido, la autoridad educativa federal asume la responsabilidad total por la evaluación del proceso educativo, al anular la autonomía del instituto encargado de realizar dichas tareas.
En ambos casos, tanto en lo laboral como en lo educativo, las leyes reglamentarias que se emitan serán fundamentales para saber si los cambios constitucionales tendrán una influencia real en el México cotidiano. En lo laboral, ciertos vacíos en lo referente a la forma de negociación de movimientos de huelga generan dudas con respecto a las complicaciones que esta legislación pueda generar en las relaciones obrero-patronales. Mientras tanto en el plano educativo, la gran duda radica en si las concesiones otorgadas a la burocracia sindical serán lo suficientemente manejables para evitar que los procesos de modernización, diseñados y ejecutados desde la cúpula del Estado, queden atrapados en los privilegios gremiales, que insisten en recuperar los espacios políticos perdidos durante la administración pasada.
En todo caso, ambas reformas se mantienen dentro del espíritu liberal que pretende evitar la apropiación del control laboral y educativo a manos de instrumentos corporativos que dañaron y aún dañan la estructura productiva del país. Aspiraciones como la "educación superior gratuita y obligatoria", que aparecen en la Carta Magna, son en la práctica letra muerta tanto por la estructura laboral mexicana, que demanda otro tipo de profesionales ajenos a la educación universitaria tradicional, como por la ausencia de recursos materiales para ofrecer ese tipo de servicio con la calidad que se requiere.
Dos reformas que pueden servir como palancas para una transformación real, siempre y cuando exista la voluntad por parte de este gobierno de incorporar a organismos de la sociedad civil, que han sido excluidos de espacios de negociación y cuya aportación es indispensable para hacer funcionar el país.