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A debate

20/12/2018
Actualización 20/12/2018 - 10:32

La llegada a la presidencia por parte de López Obrador y Morena ha reabierto el debate con respecto al modelo de desarrollo económico, pero también sobre la viabilidad de cambios específicos que ha intentado realizar el primer mandatario durante las primeras semanas de gobierno. La condena al neoliberalismo, como causante de todos los males del país, ha servido como argumento legitimador para intentar desmontar parte de las reformas que pretenden sacar al país de su atraso y convertirlo en una parte esencial del bloque industrial y comercial de América del Norte.

A pesar de contar con el apoyo ideológico de Trump basado en la reivindicación del proteccionismo económico, el primer acto de gobierno, incluso previo a la toma de posesión en diciembre, fue asegurarse que el T-MEC se firmara como una forma de garantizar el libre comercio entre los tres países de la zona. Este acuerdo representa la más fuerte demostración de que el libre mercado y la integración económica de la región son ya una realidad irreversible, a pesar de los esfuerzos en contrario de sus detractores. Lo que sucede en la Gran Bretaña con el Brexit es algo similar, aunque allá sigue sin resolverse en definitiva.

La cancelación del aeropuerto, la reducción indiscriminada de salarios en la burocracia y la construcción de refinerías, son medidas contrarias a una lógica de reconstrucción que supondría eliminar los excesos y abusos de la administración anterior, para redirigir recursos hacia lo que se considera prioritario de acuerdo con una propuesta de cambio basada en la necesidad de fortalecer un mercado interno deprimido durante años. Este argumento no se sostiene a partir de las abismales diferencias existentes entre el crecimiento constante de entidades federativas situadas en el centro-norte del país y aquellas otras ubicada en el sur-sureste, en donde el atraso y el caciquismo hacen imposible cualquier cambio.

Suponer que el Tren Maya o el Transístmico van por sí solos a transformar la zona, parte de una falsa premisa, según la cual el flujo de recursos y la construcción de infraestructura pueden modificar la realidad social. Si no existe un pleno Estado de derecho y el desmontaje de estructuras corporativistas y caciquiles, el viejo régimen vigente en esa región terminará apropiándose de la riqueza generada en detrimento de sus habitantes.

El debate sobre la vinculación de la modernidad con comunidades indígenas para sacarlos de la pobreza, se basa en la necesidad de respetar su especificidad como etnia, al mismo tiempo que se rompe con usos y costumbres inaceptables desde el punto de vista de los derechos humanos, como lo son el matrimonio infantil o la sumisión de la mujer a los abusos masculinos, entre otros. Romper el círculo de atraso-pobreza-marginación exige medidas que modifiquen de raíz la vida social de dichas comunidades y la forma como el Estado se vincula con ellas.

No es la economía neoliberal o el crecimiento de los mercados lo que ha mantenido a la mitad de los mexicanos en la pobreza, sino la falta de medidas de política social que consigan incorporar a los grandes grupos explotados a los beneficios de la economía abierta y vinculada con el exterior. Cortar de tajo el modelo corporativista y paternalista en el que se sustenta el poder político en varias regiones del sur del país, es lo que puede generar un cambio notable en las condiciones de vida de millones de mexicanos.

El debate es en el sentido de demostrar si es viable regresar a modelos de antaño para resolver los problemas, metiéndole millones de pesos a proyectos de inversión sin cambiar la estructura social. No lo creo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.