La eficiencia y eficacia son dos condiciones que cualquier institución pública debe de tomar en cuenta para el ejercicio de sus atribuciones, sobre todo porque los recursos materiales, humanos y financieros con los que se cuentan son limitados. En este sentido, el INAI, desde la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, se ha ajustado a la baja en el gasto público sin dejar de lado la protección de los dos derechos fundamentales que tiene a cargo: el acceso a la información y la protección de datos personales.
Dichas reducciones responden a ser empáticos con la política de austeridad del gobierno de la República. Hacer más con menos.
No obstante, el carácter progresivo de cualquier derecho humano obliga a evolucionar constantemente a las instituciones que velan por ellos, por lo que es necesario contar con personal calificado y herramientas tecnológicas que respondan eficaz y eficientemente ante el mandato constitucional de garantizar esos derechos fundamentales. Esto conlleva la necesidad de fortalecer, como a cualquier otra institución, el presupuesto destinado para ello.
Es público que, no solo operativa y administrativamente, se ha aplicado una política de austeridad al interior del INAI, sino que también se ajustó desde el año 2019 el sueldo integral del personal directivo (desde directores de área y directores generales, pasando por las secretarías y hasta los comisionados), aunque siempre tuvimos percepciones por debajo del salario del Ejecutivo federal, además de cancelar prestaciones que por normatividad se proporcionaban a los empleados de este organismo garante.
Dimos el ejemplo al ser el único organismo de esta naturaleza que institucionalmente no impugnó la norma de la austeridad republicana. Y a título individual ningún comisionado y ninguna comisionada se amparó contra dichas medidas. Insisto: empatía con la administración actual.
La austeridad en el INAI es una realidad indudable, pero también lo es la necesidad constante de fortalecer la tutela de los derechos humanos de forma imparcial, independiente y autónoma. Difícilmente podremos encontrar algún argumento jurídico, social o político que proporcione las razones suficientes para pensar lo contrario. Esto no significa que la austeridad sea opcional, sino que debe de adoptarse con responsabilidad y equilibrio, sobre todo, cuando hablamos del núcleo de lo indecidible.
En cuanto a los datos duros, el presupuesto destinado al INAI se redujo a casi un 25 por ciento de 2018 a la fecha. Caso contrario para los números sobre la sustanciación de recursos de revisión presentados por los particulares, ya en el mismo periodo, en promedio los recursos de revisión han aumentado un 48.9 por ciento. Es decir, hemos logrado cumplir con la condición de eficiencia y eficacia no solo en este rubro, sino en todos los deberes que el Instituto tiene.
A pesar de lo anterior, la necesidad de fortalecer a la institución no desaparece ni se reduce un ápice. Tan solo por nombrar algunos ejemplos, la Plataforma Nacional de Transparencia requiere de mantenimiento y actualizaciones constantes ya que opera y soporta millones de datos accesibles para cualquier persona. En cuanto a la operación cotidiana se resuelven denuncias por presuntos incumplimientos de obligaciones de transparencia y a su vez, se verifica que todas estas obligaciones cumplan con atributos de calidad y accesibilidad. En cuanto a las actividades relativas a datos personales se realizan monitoreos, evaluaciones y procedimientos de verificación tanto en el sector público como en el privado, entre otras tantas acciones. Es decir, son muchos los asuntos los cuales van en aumento y son progresivos y más aún que, son el trampolín de acceso a otros derechos fundamentales.
Así de importante es la labor constitucional que el INAI tutela con austeridad, eficiencia y eficacia.