El Inegi publicó la semana pasada su estimación oportuna del PIB al primer trimestre. Como países miembros de la OCDE cumplimos con este compromiso de dar a los 30 días de terminar el trimestre una primera estimación. El reporte ha sorprendido.
Con cifras desestacionalizadas, México observó una posible contracción de -0.2 por ciento en relación al cuarto trimestre de 2018, y un pobre crecimiento de tan solo 0.2 por ciento anual contra el primer trimestre de 2018. Bajo cifras originales, el crecimiento es de 1.3 por ciento anual. Pero dado que en este año tuvimos en el primer trimestre varios días hábiles más que el año pasado, esta última cifra no es comparable.
La sorpresa viene de que conociendo el crecimiento del IGAE de 1.1 por ciento anual tanto para enero como para febrero, si en todo el trimestre se creció en solo 0.2 por ciento anual, esto implica que en marzo el crecimiento tuvo que ser negativo en algo cercano a -1.7 por ciento anual.
El contexto en el que se da este pobre desempeño es el hecho de que Estados Unidos reportó un crecimiento de 3.2 por ciento anualizado, en el mismo periodo. Utilizando la misma metodología, el crecimiento del primer trimestre la cifra de México sería de -0.8 por ciento (-0.2 x 4), lo que a todas luces nos indica que algo estamos haciendo mal.
En el mercado interno, seguimos gozando de un flujo de más de 32 mil millones de dólares al año, que nuestros paisanos les envían a sus familias. Este impresionante flujo de recursos va directamente al consumo. Sin embargo, el comercio al menudeo basándonos en las cifras de la ANTAD bajo tiendas comparables y en términos reales es de una contracción promedio de -1.94 por ciento real anual, en el trimestre. Las ventas de automóviles acumularon una baja de -3.9 por ciento en el primer cuatrimestre.
Y hacia delante, ¿cómo se ven las cosas? El Índice de Confianza Económica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Bursamétrica muestra en su último reporte a marzo una importante mejoría en la percepción sobre el futuro. En contra, en la última encuesta entre especialistas del sector privado de Banco de México publicada la semana pasada dice que 47 por ciento de los economistas consultados piensa que hacia el futuro el panorama empeorará y solo 16 por ciento de los mismos piensa que va a mejorar.
Hasta ahora, los reportes de finanzas públicas han sido positivos en cuanto al resultado fiscal. Pero por dentro estamos viendo una caída en los ingresos en términos reales, y una mayor contracción real en el gasto. Los programas asistenciales todavía no se han podido distribuir en toda la población a la que están destinados. La inversión pública difícilmente podrá crecer si los principales proyectos de inversión carecen de estudios de impacto ambiental, y de proyectos arquitectónicos y estructurales. Lo más preocupante es que la retracción del gasto induce a una menor actividad económica. Si la recaudación del gobierno se cae por una menor actividad económica, las finanzas públicas se van a descomponer, con lo que se corre el riesgo de perder el grado de inversión en la deuda soberana.
Con la nueva Ley de Austeridad Republicana, la ley le otorga al presidente la facultad de canalizar cualquier ahorro hacia donde el Ejecutivo lo considere pertinente. El secretario de Hacienda, Urzúa, declaró que basándose en esa nueva facultad, todos los ahorros que logre la administración se destinarán a fortalecer las finanzas de Pemex. Estar ahorrando en toda la administración pública para invertir en una refinería que no es viable, o de nueva cuenta en plantas de fertilizantes como lo hizo la administración de Peña Nieto, parece que no es lo más racional.
Todavía no se presenta el tercer intento de programa de rescate a Pemex. Sabemos que se va a tomar la mitad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (120 mil millones de pesos) para inyectar capital a Pemex. Ángel Gurría, secretario General de la OCDE, vino a plantear la urgencia de una reforma fiscal y advirtió que el principal riesgo de las finanzas públicas es Pemex.
No hay otra solución posible, y urge implementarla. Solo detonando la inversión privada complementada con la inversión pública puede darse el crecimiento, creación de empleo, mayor recaudación, y una mejoría en el nivel de vida de la población. Se requiere un gran plan de acción para mejorar la incertidumbre, y detonar la inversión, mediante la conjunción de una reforma fiscal que sea amigable a la inversión y al empleo, programas de financiamiento accesibles, certidumbre en qué se va a hacer en el sector de hidrocarburos, en el sector de energía eléctrica, en telecomunicaciones, programas de impulso a la productividad y competitividad, y sobre todo mejor educación y el fortalecimiento del Estado de derecho.