Los últimos acontecimientos en torno a las calificaciones de Pemex, de CFE, de la deuda soberana, de siete bancos y del propio IPAB, ponen de manifiesto que no basta con la austeridad franciscana para garantizar la estabilidad financiera y social del país. Cumplir con un superávit primario para mantener el orden en la economía es una condición necesaria pero una premisa falsa e incompleta. La sociedad requiere de servicios de salud, seguridad, certeza económica, educación de calidad y un Estado de derecho robusto como mínimo para que el país funcione.
Por su parte, la secuencia de indicadores económicos hacen patente que vamos hacia una recesión. El gasto de inversión, que es el principal motor de cualquier economía lleva varios meses manifestando anemia, el último dato de abril presenta ya una contracción de cerca del 6 por ciento anual. La creación de empleo ha perdido dinamismo y por lo tanto el gasto de consumo tiende a moderarse en la medida en que en diversos sectores la contracción del gasto público, el retraso de los pagos a proveedores y la retracción de la inversión frenan la actividad económica. Sectores como el inmobiliario están prácticamente parados.
La inseguridad se ha desbocado en casi todo el país a niveles alarmantes. Los asaltos, el robo de camiones, los asesinatos, la extorsión y el derecho de piso van en aumento.
La ola de revisiones a la baja en las calificaciones y la perspectiva negativa de las mismas, que se está dando y que puede acentuarse si no se llega a resolver de una manera aceptable la situación de Pemex en su Plan de Negocios versión 3.0, están encareciendo el costo del dinero y todo esto nos puede llevar a un círculo vicioso muy peligroso. Si no hay confianza, no va a darse la inversión. Sin inversión, no habrá creación de empleo, el mercado interno se encogerá y la recaudación va a caer. El crimen aumentará aún más. Será imposible volver a hacer recortes al gasto para equilibrar el presupuesto. Se perderá irremediablemente el grado de inversión y puede aparecer la inestabilidad financiera así como un estallido social.
En su argumentación, las calificadoras coinciden en que no hay certeza en las políticas del gobierno, cuestionan los proyectos de inversión que está emprendiendo la administración por su inviabilidad y les preocupa la desaceleración de la economía. A esta circunstancia de la debilidad financiera y operativa de Pemex, y lo que puede debilitar a las finanzas públicas, hay que agregar otros choques que estará enfrentando la economía de México. En particular el retraso de la ratificación del T-MEC y las amenazas arancelarias y de otro tipo de sanciones conforme se acerque la fase electoral en Estados Unidos.
El mayor riesgo en el entorno actual ante la posible pérdida del grado de inversión en la deuda soberana es que se tiene una tenencia de valores gubernamentales en pesos de alrededor de 100 mil millones de dólares en manos de residentes del exterior. La parte más importante de esta masa de recursos son las tenencias que replican en diversos portafolios de inversión los portafolios modelo de mercados emergentes de Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs y BlackRock, y que le tienen asignado a México un promedio del 2 por ciento al 3 por ciento del portafolio total. Cuando se pierde el grado de inversión los tenedores podrían vender sus posiciones en cuestión de nanosegundos, al precio que sea, impactando fuertemente a las tasas de interés del mercado secundario de los Bonos M, y al tipo de cambio.
En lugar de convocar a un mitin por la dignidad de México, podría ser de mucho mayor trascendencia para el país y para los mismos intereses del régimen el convocar a los organismos empresariales, a las centrales obreras y a las organizaciones del campo para buscar un acuerdo para la productividad, competitividad y el crecimiento.
La confianza podría restablecerse si vuelve a valorarse el costo beneficio que se tiene en los proyectos de inversión que está empujando el gobierno. Ni Dos Bocas, ni Santa Lucía ni el tren maya pueden generar mayores beneficios que los costos económicos y sociales que involucran.
Es indispensable revisar también la política asistencial. Hoy resulta mejor no trabajar y recibir dádivas que encontrar un trabajo honesto. No es conveniente sacrificar el sistema de salud y el sistema educativo para seguir dando dinero escaso con fines electorales.