Hace casi un año, el 26 de noviembre a unos días de la toma de posesión del nuevo gobierno, analizamos en este mismo espacio que las finanzas públicas heredaron de los gobiernos neoliberales una importante bolsa de recursos, con los cuales se podría hacer frente al doble compromiso de incrementar fuertemente el gasto social, y mantener las finanzas públicas con un superávit primario, como condición indispensable para la estabilidad económica, pero además teniendo la enorme complicación de tener que cubrir las indemnizaciones del proyecto NAIM de Texcoco y empezar a invertir en los megaproyectos de la 4T, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el acondicionamiento del aeropuerto Benito Juárez, y el Tren Transístmico, la reconformación de las refinerías actuales y la inversión en la expansión de la CFE. Añádale a esta complicada y precaria circunstancia las restricciones de no poder incrementar los impuestos, ni los precios de la gasolina más allá de la inflación. Vaya desafío el del manejo de la política fiscal.
A casi un año de distancia, vemos que el recorte al gasto fue superior a las expectativas, y que algunos de los mecanismos de contingencia como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se tuvieron que utilizar, sin la necesidad de cambiar sus estatutos, como se estaba planteando hace unos meses, que se querían convertir en unos fondos anticíclicos.
El problema se acentuará el próximo año. Es evidente que las premisas sobre las que se basó el Paquete Económico 2020 están fuera de la realidad. La economía no va a poder crecer 2 por ciento; difícilmente Pemex va a poder lograr sus metas de producción; la recaudación estimada va a quedar muy por arriba de lo que se va a poder recaudar a pesar de una férrea fiscalización.
Hay ahora dos grandes preguntas para el ejercicio fiscal 2020: 1. ¿Serán suficientes los recursos sobrantes de estas reservas fiscales para el próximo año? Y 2. ¿Cuál será la reacción de las agencias calificadoras internacionales?
En cuanto a la primera pregunta, estimamos que en el ejercicio actual, el 2019, se van a tomar del FEIP cerca de 150 mil millones de pesos de los 260 mil millones que había al principio de la administración, para cuadrar los números. Es decir quedarán 110 mil millones para el próximo año. Si se cumple nuestra estimación de un crecimiento negativo en el PIB de 2020 o en un escenario menos pesimista, por donde se anda situando el consenso de los analistas, se logra un crecimiento de alrededor del 1 por ciento en el PIB, la recaudación efectiva puede estar quedando por debajo de lo presupuestado en un rango de entre 120 a 240 mil millones de pesos menos. A todas luces lo que queda del blindaje fiscal es insuficiente. En un rango entre 40 a 140 mil millones.
Por lo que respecta a la segunda pregunta, la verdad es que no me explico qué están esperando las calificadoras para detonar el gatillo de la degradación de las calificaciones de Pemex y de la deuda soberana.
¿Cuales son las alternativas del Gobierno? a) Hacerse patos, hasta que los números revienten y perdamos el grado de inversión. b) Echarle la culpa al presidente Trump que por su proteccionismo comercial ya generó una recesión en la manufactura norteamericana. c) Aumentar los ingresos rompiendo las promesas de campaña, subiendo por ejemplo el precio de la gasolina. La manera más eficiente e inmediata de recaudar recursos. d) Inducir a una pequeña devaluación de 8 por ciento a 21 pesos al cierre de este año, para que el Banco de México le pueda transferir alguna cantidad de sus remanentes de operación de este ejercicio, para el año entrante. e) Anunciar recortes adicionales al Presupuesto, conforme se vayan dando los acontecimientos. f) Adelantar una reforma fiscal recaudatoria con aplicación inmediata a mediados del año. ¿Si usted fuera el secretario de Hacienda que haría? Yo mejor publicaría mi carta de renuncia, y me iría a dar clases.