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Los apagones que vienen

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Los apagones que vienen

17/02/2021
Actualización 17/02/2021 - 12:01

No se puede echar la culpa de las nevadas ni al gobierno ni a la Comisión Federal de Electricidad.

Hay eventos climáticos que desequilibran hasta el sistema eléctrico más robusto. Y, el que aún estamos viviendo eso hizo, y le pegó duro incluso al del estado de Texas.

Pero una cosa son los efectos de las temperaturas congelantes y otra las políticas en materia energética que, más que frío, van a producir conflictos de altas temperaturas y van a... fundir las inversiones.

No hay sistema eléctrico a prueba de problemas. Pero el que quieren diseñar las estrategias actuales va a crear por sí solo los problemas.

El caso es relativamente sencillo.

Desde finales del siglo pasado, las empresas estatales del sector energético se quedaron sin dinero suficiente para realizar las inversiones que se requerían.

Como los gobiernos de Salinas y Zedillo no lograron cambiar la Constitución para permitir la entrada de capital privado al sector eléctrico, permitieron que éste entrara por la puerta de atrás, mediante cambios legales y reglamentarios.

Y así siguieron las cosas hasta la reforma energética de Peña, que sí logró cambiar la Constitución.

Como en toda reforma que busca propiciar la competencia, se creó una regulación asimétrica y se ajustaron algunas instituciones para asegurar que funcionaran realmente los mercados.

Eso significaba propiciar la inversión privada y evitar que el poder monopólico de la CFE como empresa dominante ahogara las inversiones privadas.

Cuando el gobierno actual dice que se protegió a las inversiones de la IP, tiene razón, eso pasa, de uno u otro modo, cada vez que se intenta que una industria pase de monopolio estatal a mercado competitivo.

Llegó el gobierno actual con una visión radicalmente diferente respecto al sector energético y ha pretendido revertir los cambios que se dieron al paso de los años.

Sin embargo, como pasó en las épocas previas a la reforma energética, se busca que el cambio se produzca sin modificar la Constitución, pues no cuenta con los votos necesarios para hacerlo, por lo menos ahora.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que hoy se quiere hacer va en el camino de Salinas o Zedillo… pero al revés. Es decir, regresar al monopolio –si se pudiera– pero sin cambiar la Constitución.

Tienen mayoría en el Congreso para cambiar leyes, pero no para hacer reformas constitucionales.

La gran diferencia respecto al pasado es que en esta ocasión cambiar las reglas del juego fundamentales sin modificar la Constitución va a propiciar litigios.

Estos van a ocurrir en tribunales nacionales y van a llegar a la Suprema Corte, y también se van a presentar en el ámbito internacional.

La apuesta del gobierno es que en el Pleno de la Corte no se reúna la mayoría calificada de ocho ministros para declarar anticonstitucional la reforma que se aprobaría en las próximas semanas en el Congreso.

Las empresas podrían buscar amparos, que no requieren mayoría calificada en la Corte, pero eso convertiría al sector en un mar de litigios, como ya sucede en cierta medida hoy.

Algunos invocarían el TMEC, que probablemente establecería paneles para resolver las controversias, que durarían años.

El resultado de este ambiente sería menos inversión privada y por tanto más espacio de mercado a la CFE, es decir, el efecto deseado.

El problema es que, frente a una empresa sin la capacidad financiera para realizar las inversiones requeridas, se va a configurar un sistema eléctrico lleno de fragilidades.

Podrán ser las nevadas, los incendios, los vientos o las instalaciones sin adecuado mantenimiento, pero las historias de apagones que vivimos en los últimos meses seguramente van a repetirse.

Total, la CFE siempre podrá encontrar a quién o a qué echarle la culpa.

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.