El presidente López Obrador cumplió su amenaza… perdón, su ofrecimiento de prohibir la subcontratación laboral, o como se conoce usualmente, el outsourcing.
Recuerde que entre las diversas iniciativas que se discutieron desde el año pasado, había algunas que no pretendían regularlo, sino de hecho prohibirlo como la del senador Napoleón Gómez Urrutia. Se regresó a ella.
El senador Ricardo Monreal, en su afán siempre negociador, organizó un Parlamento abierto sobre este tema en el cual se escucharon diversos puntos de vista en torno al asunto. Fue célebre la referencia de la secretaria Luisa María Alcalde al comparar la subcontratación al colesterol, señalando que hay bueno y malo.
En la propuesta que ayer se conoció, se limita la 'subcontratación buena' a los proveedores de servicios especializados. Ya no importa si se cumplen las obligaciones fiscales y laborales, si la subcontratación no corresponde a servicios especializados, no procederá, y quien la practique podrá ser incluso sujeto a procedimientos penales.
Además de que la iniciativa ignoró las conclusiones del Parlamento abierto organizado por el Senado, el presidente mandó un mensaje al anunciar que su iniciativa se enviará a la Cámara de Diputados y no a la de senadores, que es la que ya conoció el asunto.
Al analizar la iniciativa, se percibe que lo que el gobierno trata no es solo evitar la evasión fiscal y de obligaciones laborales, sino eliminar la flexibilidad laboral.
En la presentación de la conferencia mañanera, se atribuyó a la subcontratación la caída en el número de asegurados que se da en los meses de diciembre.
Por ejemplo, el diciembre del año pasado hubo una baja de 1.4 por ciento; en el mismo mes de 2018, la caída fue igual.
El argumento es que la reforma laboral que se aprobó en noviembre de 2012 incentivó la subcontratación y propicia estas variaciones de fin de año. Pero resulta que, en 2011, la caída del empleo fue de 1.3 por ciento en diciembre y en 2010 bajó 1.5 por ciento. No hay cambio.
Es cierto que se abusó y en ocasiones se empleó como un instrumento para evadir obligaciones fiscales y laborales, pero también permitió una mayor flexibilidad laboral.
Como en otros temas, se opta por cancelarla en lugar de regularla.
Entre 2012 y 2018, el crecimiento promedio anual del número de trabajadores asegurados en el IMSS fue de 3.9 por ciento, en tanto que el crecimiento del PIB en ese mismo periodo fue de 2.4 por ciento anual.
Esto quiere decir que el crecimiento del empleo formal fue 1.6 veces superior al de la economía, lo que es atribuible en buena medida al avance en la flexibilidad laboral.
El gobierno actual pierde de vista que, si se aprueba la iniciativa que conocimos ayer en los términos que viene, lo más probable es que tengamos una caída en la generación de empleo porque se perderá flexibilidad y se aumentarán los costos.
Así como el gobierno actual tiene la mira puesta en el sector energético que existía en los años 70 y 80 del siglo pasado, pasa lo mismo con el mercado laboral. Supone que, si regresamos a la situación que teníamos entonces, lo único que sucederá es que se contratará directamente a los trabajadores que hoy están contratados en esquemas de outsourcing.
No va a suceder. Lo que vamos a observar es una pérdida del volumen del empleo formal. Una parte se va a perder y punto. Y otra parte va a pasar de la formalidad a la informalidad.
Esperemos que, al menos en la Cámara de Senadores asuman que no son empleados del presidente de la República, sino que son legisladores que tienen criterio y opinión propia, de un tema que además ya analizaron y discutieron.
Si lo dejan pasar como está, se mostrará que el que decide en este país es el presidente, con un Poder Legislativo que sólo le dice: 'Sí señor'.