En política, la forma es fondo, reza el adagio atribuido a Don Jesús Reyes Heroles.
Agrego: no solo en política, a veces también lo es en economía.
Me refiero al acuerdo que ayer suscribieron la Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial a propósito de la revisión de diversos aspectos fiscales contenidos en el Paquete Económico 2020 y en algunas reformas adicionales.
En esta materia, formalmente, la pelota está en la cancha del Poder Legislativo, pues las iniciativas ya fueron presentadas.
Sin embargo, sería ingenuo creer que, si el presidente de la República da la instrucción de revisar esas propuestas, los legisladores de Morena y sus aliados van a resistirse.
Así que, dé por un hecho que algunos de los temas más polémicos, como las limitaciones a la deducción de intereses, la revelación de las estrategias fiscales de los despachos, la cancelación del timbrado fiscal, entre otras medidas, van a modificarse.
Sigue la discusión respecto a las reformas que equiparan la defraudación fiscal a la delincuencia organizada, medida que no forma parte del Paquete Económico.
Nuevamente fue el activismo inteligente del sector empresarial, coordinado por el CCE, que preside Carlos Salazar, y el Consejo Mexicano de Negocios, encabezado por Antonio del Valle, lo que eventualmente habrá permitido que se dé reversa a algunas de las disposiciones que más preocupan a los hombres de empresa.
Decía al comenzar este texto, que la forma es fondo, porque nuevamente apareció un Poder Ejecutivo que fue capaz de escuchar el reclamo de los empresarios y por lo menos parcialmente rectificó. Ya había sucedido anteriormente con el tema de los litigios con los gasoductos entre la CFE y diversas empresas.
Los expertos tendrán que evaluar al final la profundidad de ese cambio en el contenido de las iniciativas, pero por lo pronto, de nueva cuenta se logró revertir una decisión que parecía ya tomada.
Esa es la forma que implica todo un fondo.
Los empresarios que tienen la interlocución con el presidente López Obrador y con los funcionarios del gabinete, tendrán que buscar también un cambio en una opinión que ayer fue expresada en la conferencia 'mañanera': la negativa a considerar un incremento en la edad de jubilación.
Ayer le comentamos en este espacio que, sin ese cambio, solo se estará posponiendo para el futuro la reforma al sistema de pensiones, lo que implicará mayores costos tanto económicos como políticos, cuando finalmente se lleve a efecto.
Esta semana, volvió a reiterarse que el gobierno tiene el plan de que en el año 2022 pueda entrar en vigor una profunda reforma fiscal para asegurar el orden de las finanzas públicas en la segunda mitad del sexenio.
Sería razonable que, como parte de esa reforma, se incluya un capítulo relativo a las pensiones que debería contemplar el incremento en la edad de retiro, gradual si se quiere, pero inevitable.
Hay temas en los que es prácticamente imposible convencer al presidente López Obrador, pero hay otros en los que no es así.
Una de las tareas que están emprendiendo los representantes del sector privado es identificar esos temas en los que el gobierno puede girar y rectificar o emprender nuevas iniciativas.
Uno de estos dirigentes me comentó alguna vez que no sabía hasta qué punto podría convencerse a AMLO. Pero, consideró que sería una irresponsabilidad no intentarlo, con lo cual concuerdo plenamente.