Algunas de las propuestas contra la corrupción hechas por AMLO y algunas otras, responden a legítimos propósitos, pero su aterrizaje –como hasta ahora se ha planteado– puede tener consecuencias muy negativas para el propio gobierno y para el país.
1.- La reducción del personal de confianza.
El propósito de reducir el tamaño de la administración pública es sin duda algo positivo. Hay excesos, ineficiencias... e insuficiencias. El problema es hacer tabla rasa. Eso no se resuelve cortando 70 por ciento del personal de confianza. Esa estrategia puede crear problemas serios en la operación del gobierno, reduciendo personal calificado y dejando personal de base que sobra. De acuerdo con el Inegi, en el Censo de Gobierno 2017, en el gobierno federal laboran un millón 567 mil personas en 320 dependencias públicas. Si es correcta la tasa de 17 por ciento para puestos de confianza, se trata de 266 mil personas, y de ellas serían despedidas 186 mil. Habría que hacer la reducción con criterios diferenciados e incluir a personal de base.
2.- La reducción de los salarios de los altos funcionarios.
En este rubro, el criterio es el mismo. Los 108 mil pesos que se autoimpondrá AMLO (es decisión de los diputados, pero ¿cree usted que alguien va a cuestionarlo?) colocarán su salario por debajo de los mandatarios de Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador. Pero estaría por arriba de Bolivia, Venezuela y Perú. En las estructuras de los altos funcionarios, las cosas serán más o menos parecidas. Una medida que se va a llevar aplausos puede dejarnos un gobierno con una mediocre calidad. Sí, hay que recortar excesos y abusos, pero eso debe hacerse con análisis detallado y no 'tirando el agua sucia de la tina con todo y niño'.
3.- La reubicación de las secretarías.
Tenemos 50 años hablando de descentralización y de evitar la concentración de personas en la Ciudad de México. Así que conceptualmente no está mal pensar en reubicación de secretarías. Pero hasta ahora no se ha presentado un plan coherente. Y tenemos casos como el de la SEP que se plantea que desde el día 1 de diciembre despache en Puebla. Los riesgos de improvisar y crear un caos administrativo son enormes si no se da coherencia a la propuesta.
4.- La concentración de compras.
La idea de concentrar compras es buena. La implementación, compleja, por la heterogeneidad de las compras que realiza el sector público. Los funcionarios del futuro gobierno han aludido a la buena experiencia que hubo en el sector salud. Por eso mismo, les resultaría mejor un proceso gradual de consolidación por áreas, con especialización del personal de compras y la realización de subastas de diverso tipo, como, por ejemplo, las instrumentadas en el IMSS. Una mala ejecución del proyecto puede paralizar las compras del gobierno y pegarle a la economía.
5.- La consulta por el nuevo aeropuerto.
Aunque es falso que el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes haya hablado de consulta popular respecto al nuevo aeropuerto (fue explícito en decir que no sería de ese tipo), sí señaló que en octubre se buscaría conocer lo que opina la comunidad, en una consulta nacional, respecto a las opciones que los grupos técnicos definan. La decisión debe ser racional y no popular. Si el nuevo gobierno, tras el análisis, concluye que tiene razón en su propuesta, debe asumirla con todas sus consecuencias. Si no, rectificar.
Pero no endosarle a la comunidad la decisión.