Coordenadas

18 millones de 'chocolates'

El tema de fondo sobre la legalización de los llamados 'autos chocolate' es que se sigue imponiendo el violentar las reglas o cambiar la ley, en función de intereses políticos.

La legalización de los llamados 'autos chocolate' refleja una forma de funcionamiento del gobierno que puede ser profundamente inhibitoria para las inversiones.

La mecánica con la que se instrumentó la medida fue al más viejo estilo priista.

Casi a punto de votarse la Ley de Ingresos, se encomendó a un diputado morenista de un distrito de la frontera, San Luis Río Colorado, en Sonora, que hiciera la propuesta para incluir un transitorio en la ley para abrir la puerta a la regularización de los autos ilegales.

El resultado de la votación refleja el momento. Hubo 160 ausencias. Pero de los 339 presentes, hubo solo seis votos en contra. Uno de Morena, 4 del PAN y 1 del PRD.

En esta votación, se reflejó el interés esencial de los partidos, que es tener una base de votantes, al margen de las consecuencias de la decisión.

El argumento del diputado morenista Manuel López Castillo, que propuso la adición es que si ya están los autos chocolate en México, más vale legalizarlos porque ni modo que llegue "el ejército de la ONU" (sic) y los saque.

E hizo cuentas alegres para Hacienda: 50 mil millones de pesos, lo que implica que la legalización costaría en promedio 2 mil 777 pesos por vehículo, si se asume que serían 18 millones, lo que de acuerdo con la industria automotriz está inflado.

El argumento es que la compra de autos ilegales es el recurso que tiene la gente de menos recursos para hacerse de un auto.

Bajo esa lógica, se puede justificar cualquier violación a ley que se encuadre en la necesidad de la población de menores ingresos.

Creo que la industria automotriz exagera un poco cuando se habla de que la medida producirá una caída de 30 por ciento en las ventas. Pero no sería nada difícil que se sumara otro 10 a 15 por ciento a la caída que ya tiene.

En septiembre de este año se vendieron 23.6 por ciento menos vehículos que en el mismo mes de 2016.

Pero la lógica morenista es que se trata de los fabricantes y los distribuidores. Ni modo, que pierdan.

Y por si algo faltara, la medida hace ver como mentirosos o sin poder a funcionarios como el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía o el Jefe de la Oficina de la Presidencia, que ofrecieron a la industria que eso no ocurriría.

Ante la medida se va a incentivar la internación de más autos ilegales.

Si se consiguen a menor precio en Estados Unidos que en México y si se percibe que el Poder Legislativo tiene buena disposición para legalizarlos después de internados, apelando a que se trata de un hecho consumado, el golpe es completo.

Hasta ahora, ninguno de los funcionarios del Ejecutivo que habían ofrecido que esta medida no pasaría, han dicho 'esta boca es mía'.

¿Será que se percibe que hubo línea desde arriba o que es políticamente inconveniente rechazar una medida así?

Más allá del efecto en la rama más importante de las manufacturas, el tema de fondo es que se sigue imponiendo el violentar las reglas o cambiar la ley, en función de intereses políticos.

Pareciera que van ganando terreno dentro del gobierno de AMLO quienes piensan que generar confianza entre los inversionistas es un asunto 'muy fifí'.

Total, los empresarios son muy ricos, y si no les gustan las nuevas reglas del juego, pues que se vayan.

Más vale que quienes sí saben que esta estrategia es suicida para el gobierno de AMLO y para la economía del país tomen medidas pronto, antes de que ya vaya a ser demasiado tarde.

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