Universidad Iberoamericana de Puebla/Puebla contra la Corrupción e Impunidad .
En el reporte de Signos Vitales 'México enfermo' (https://signosvitalesmexico.org.mx/reporte-2-completo/ Tabla 2) se muestra que existen al menos diez acciones controvertidas y demandas de inconstitucionalidad sin resolver en la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que muchas de ellas tienen más de un año de que fueron admitidas por la Corte. La lista considera diversos temas que en conjunto, si la razón se le da al Ejecutivo, resultará en una profunda transformación del país. Enumero estos casos:
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La potencial violación de derechos laborales adquiridos por funcionarios públicos al disminuir unilateralmente el salario.
Ley General de Educación. Falta de claridad en el traspaso de recursos educativos desde la Federación hacia los estados federados.
Ley Orgánica de la Administración Pública. Invasión por parte del gobierno federal en competencias y facultades propias de los gobiernos locales, ya que se crean autoridades paralelas a las estatales.
Ley Federal de Austeridad Republicana. Por violación de derechos laborales, como las restricciones de algunos funcionarios públicos para trabajar en la iniciativa privada por diez años, así como la reducción de salarios.
Presupuestos de 2018 y 2019. Por vulnerar la autonomía de órganos constitucionales autónomos.
Acciones de inconstitucionalidad. Por invadir las capacidades del Poder Legislativo, que es el responsable de las reasignaciones presupuestales, al absorber la facultad de decidir en qué se gastan los recursos.
Ley Nacional de Extinción de Dominio. Por vulnerar la autonomía de órganos constitucionales autónomos.
Ley de la Guardia Nacional. Se señalan vicios de constitucionalidad por discrecionalidad para ejercer la extinción de dominio de propiedades cuya legítima procedencia no pueda comprobarse.
Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Se estiman violados los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la libertad de tránsito, al debido proceso, al principio de presunción de inocencia, al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al principio de mínima intervención en materia penal y a la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Ley Nacional de Registro de Detenciones. Se estiman violados los derechos a la seguridad jurídica, al principio de legalidad, al principio de inmediatez en el registro de detenciones y a las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Además de estas acciones controvertidas que se encuentran en la Corte, existe un número importante de decretos y otra legislación que se encuentra en litigio, aunque no han llegado al Tribunal Supremo, pero que también constituyen transformaciones importantes. Tal es el caso del decreto que determina que la Guardia Nacional tendrá ahora facultades que normalmente le son reservadas a la Fiscalía General de la República. Esperamos que este decreto, como otros, sean litigados o su inconstitucionalidad.
¿Por qué tarda tanto la Suprema Corte en decidir estos casos tan importantes? ¿Qué detiene al presidente de la Corte? ¿Está esperando el 'momento político adecuado'? ¿Desde cuándo la justicia está sujeta a momentos políticos adecuados? ¿Está esperando el resultado de las elecciones de 2021? No sé la razón de esta dilación, y menos después del fallo sobre la consulta para 'enjuiciar' a los expresidentes que resultó en un fiasco.
Pero de lo que no hay duda es que esos cambios y otros más, de darse, modificarían sustancialmente las reglas del juego y convivencia entre los mexicanos. Estaríamos mucho más a merced de las autoridades, nuestros derechos quedarían reducidos y los niveles de incertidumbre e indefensión jurídica serían mucho más elevados.
Y todo esto sin considerar los rasgos autoritarios extrajudiciales. Por ejemplo, las amenazas desde el poder (la conferencia del martes pasado) para utilizar las instituciones de la República (el SAT) con el fin de perseguir a quienes no piensan como el presidente (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad). O bien las amenazas a los intelectuales, líderes de opinión y sus publicaciones, como Enrique Krauze y Letras Libres, Héctor Aguilar Camín y Nexos.
Sí, pendemos de la decisión de la Corte para saber en qué tipo de país vamos a vivir. Uno con libertades y principios democráticos, o un Estado de corte autoritario, autócrata, que ha resultado pariente cercano de regímenes semejantes en el mundo. Y como muestra de esto, se puede señalar el sinsentido del no reconocimiento del triunfo de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos por parte del presidente López Obrador.