No hay duda de que la economía mexicana ha entrado ya en una fase de desaceleración y, lo peor de todo, no se ven señales de mejoría en el corto y mediano plazos. Las previsiones de los expertos han reducido su pronóstico de crecimiento económico del 2.0 por ciento a cerca del 1.0, mientras que el gobierno federal insiste en que este año se crecerá al 2.0 por ciento y en el sexenio lo hará a tasas de entre 4.0 y 5.0 por ciento, en promedio, durante los seis años de la administración de López Obrador. Ya matemáticamente hablando es casi imposible que efectivamente la economía mexicana crezca al 2.0 por ciento este año, por lo que de no corregirse de inmediato la tendencia a la desaceleración tendremos problemas severos en el futuro próximo.
¿Cómo enderezar la economía? ¿Cómo retomar la senda de crecimiento, aunque sea bajo e insuficiente para lo que necesita el país? Algunos ingredientes necesarios para salir del letargo económico.
Primero, reiniciar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Se trata de una gran obra de infraestructura que constituye un motor de crecimiento en el corto plazo, y sobre todo abre oportunidades de desarrollo económico muy variado en el futuro. Ello implica la eliminación del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía.
Segundo, replantear el plan de negocios de Pemex en el que se privilegien los proyectos de alta rentabilidad contra los de baja rentabilidad. Ello implica promover la exploración, la extracción y la distribución de petróleo y combustibles energéticos. Para atraer la inversión necesaria se requiere establecer la credibilidad en la Comisión Reguladora de Energía, en el Consejo de Administración de Pemex y en el desistimiento a construir la refinería de Dos Bocas. Ello mejoraría las perspectivas de Pemex, lo que acrecentaría su calificación crediticia y nos alejaría del abismo financiero en que actualmente nos encontramos.
Tercero, desistirse del aumento de ministros de la Suprema Corte de Justicia. De continuar en este propósito, se mandará un mensaje a la opinión pública y a los inversionistas que el Ejecutivo pretende gobernar al Poder Judicial de la Federación, lo cual tendría graves repercusiones económicas. La independencia del Poder Judicial es esencial.
Cuarto, asegurarse de cumplir la ley en los proyectos de inversión. Por ejemplo, es deseable continuar el proyecto del tren transístmico, pero siguiendo todos los procedimientos legales y de estudios previos que requiere la ley, incluidas las consultas reales a los habitantes de las tierras por donde pasará. Mientras tanto, realizar y hacer públicos los estudios del tren maya, incluidos los de costo-beneficio, para evaluar su viabilidad e impacto económico y social y determinar, de acuerdo con sus resultados, si se debe construir o no.
Existen otros ingredientes que ayudarían a brindar confianza y certeza jurídica, pero con estos bastarían para reiniciar una expansión de la inversión y, por tanto, del crecimiento. El problema es que si bien se trata de medidas que hacen sentido económico y social, las probabilidades de que el presidente López Obrador las lleve a cabo son verdaderamente ínfimas. Antier señaló el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que "al NAIM no se le mueve un pelo". Sigue sin haber alguna razón válida para su cancelación, y la obcecación presidencial se ha traducido en una desesperante impresión de que al Presidente le importa más mantener su promesa de campaña (que por cierto varió según el público con el que hablaba, pues a unos grupos les dijo que la construcción del NAIM continuaría mientras no hubiera dinero público en el proyecto) que el bienestar de cientos de miles de familias que tendrían empleo. Lo mismo ocurre con el proyecto energético: tendría que dar marcha atrás a su promesa de campaña y a toda su idea de que el petróleo sigue siendo un factor determinante del Estado mexicano. El desistimiento de ampliar el número de ministros de la Suprema Corte es en principio menos complicado, pues no ha ocurrido, pero va en contra de su presunto plan de controlar al Poder Judicial.
En suma, son claros los elementos que deben corregirse para enderezar la economía. No está difícil. Lo malo es que depende de que haya sensatez y sentido común en la toma de decisiones del Presidente de la República.