Universidad Iberoamericana de Puebla/Puebla contra la Corrupción e Impunidad .
La iniciativa del Ejecutivo para modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es una barbaridad. Pone en entredicho nuestro orden constitucional al abrogarse para sí, en situaciones de emergencia que no están definidas, la atribución del Ejecutivo de disponer de los recursos públicos prácticamente como le dé la gana. De aprobarse esta modificación, el Congreso estaría claudicando a una, quizás la más importante función que tiene: decidir cuánto se cobra de impuestos y en qué se gasta. Es decir, que su Excelencia decida sin ningún tipo de restricción, salvo él mismo, declarar una emergencia, en qué gasta los recursos de todos los mexicanos. Le estamos dando la cartera que acumula el dinero de todos los mexicanos. Nada más. Si muchos cónyuges no comparten sus ingresos con sus parejas, imagínese regalarle ese dinero a una persona que ni siquiera mi pariente es.
Pero esta decisión tiene otras implicaciones graves. En particular, elimina en los hechos la división de poderes que rige a cualquier democracia moderna. Este rompimiento del orden constitucional, que para cualquier abogado es gravísimo, también lo debiera ser para los ciudadanos de a pie. No es algo abstracto, ni tampoco podemos argumentar que de cualquier modo el Congreso (con mayoría de Morena) hace lo que dice el presidente. Se trata de un cambio rotundo en nuestra forma de gobierno a la que no queremos acostumbrarnos. Por ejemplo, si no necesita consultar a nadie para decidir en qué gastar y en qué no gastar, podrá en un momento dado chantajear al Poder Judicial, a cualquier órgano autónomo de la República (como el INE, la Cofece, el Inegi, etcétera) a hacer o dejar de hacer lo que le ordene sin ninguna posibilidad de que los representantes del pueblo puedan decir algo al respecto. Con sus mayorías en el Congreso, hace meses ya cambiaron la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En esa ocasión, para permitir que los 'ahorros' o subejercicios regresen a la Secretaría de Hacienda, y el Ejecutivo pueda disponer libremente de su utilización, en forma discrecional.
Esto ya ocurrió en el último año. Los faltantes de medicinas, de equipo de salud, de recursos para las policías y la procuración de justicia y un largo etcétera no han dejado de ejercerse. Esos 'ahorros' han ido a parar a los proyectos prioritarios del gobierno: Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya y los déficit de Pemex. Así ha sido sin recato alguno, sin que no se haya podido impedir. El año pasado Pemex tuvo pérdidas por 349 mil millones de pesos (más del costo total del NAIM), cuyo financiamiento provino del gobierno federal, justamente de esos 'ahorros'.
Y ahora, con la nueva modificación que se pretende, el Ejecutivo se pasa de la raya. Ahora dispondrá de TODOS los recursos, no solamente los 'ahorros' o subejercicios, cuando (su Excelencia) declare una emergencia. Yo le llamo a eso una confiscación masiva de dinero de los contribuyentes. No garantiza la provisión de servicios públicos como seguridad, educación o salud, no garantiza que se hagan de manera eficiente, con rendición de cuentas y con un destino que realmente se justifique.
Paralelamente, la creación del Censo del Bienestar, que no es transparente y fue hecho por el mismo equipo movilizador de Morena, es ahora el 'instrumento idóneo' para dispersar los programas sociales y los apoyos de emergencia por el Covid-19. Lo que ello implica, en los hechos, es que ya se tiene identificada la clientela (electoral y política) a la cual hay que alimentar cotidianamente. Y ante la escasez de recursos públicos que habrá este año por la pandemia y la caída del precio del petróleo, entre otras razones, ya sabemos a quiénes se va a beneficiar. Con esta modificación a la Ley de Presupuesto, el presidente decidirá libremente, y 'dentro de la ley', a quiénes dará dinero y a quiénes no. Más claro, ni el agua.
Así que la división de poderes sí importa, a pesar de las mayorías actuales en el Congreso. Es necesario preservarla a toda costa. El gobierno de López Obrador ya se está apropiando de verdaderos ahorros que estaban en fideicomisos para que muchas instituciones pudieran funcionar. Ya están pensando en echarle el guante a los ahorros para el retiro de las Afore (simplemente obligando a las Siefore a invertir todo en valores del gobierno). Ya se acabaron los fondos de emergencia sanitaria (Seguro Popular) y los fondos de estabilización macroeconómica. No les es suficiente. Ahora van por el presupuesto completo.