Es frecuente escuchar que la 'oposición' está aletargada, inmovilizada y que ha sido incapaz de presentar un proyecto alterno al que ha promovido el nuevo gobierno; que la oposición está desdibujada, sin propuestas. Los voceros de la 4T, incluido el presidente, aseguran que las organizaciones de la sociedad civil sólo se dedican a criticar, a decir que todo está mal y que son incapaces de proponer soluciones. Esto no es así.
No cabe duda que el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador tenía elementos de gran verdad: corrupción rampante, pobreza persistente y desigualdad creciente, inseguridad y violencia como nunca, mafia del poder pegada al poder político, crecimiento económico lento, sistema democrático con trazas autoritarias. Todos esos elementos del diagnóstico, y algunos más, son verdad y en 2018 se votó por una alternativa que los enfrentara y resolviera. Así de claro fue el mandato de los electores.
El problema es que el diseño y la implementación de las políticas públicas del gobierno de la 4T no solamente no resuelven las dificultades, sino que las han profundizado y están acarreando graves consecuencias para nuestra incipiente democracia. De hecho, ya se habían propuesto soluciones para resolver la problemática que llevó a AMLO al triunfo. Lo habían hecho voces diversas de las organizaciones de la sociedad civil, actores relevantes, universidades y centros de investigación.
Sin duda la lucha contra la corrupción rampante requería voluntad política para erradicarla, como lo ha intentado AMLO; pero para que la lucha sea efectiva y duradera se requiere de instituciones. El Sistema Nacional Anticorrupción está listo, pero la oposición de la clase política tradicional sigue obstaculizándolo y el voluntarismo de AMLO no ha sido ni será suficiente. La aplicación de la ley sigue dependiendo de quien se trate.
La pobreza y la desigualdad persistentes sólo se pueden erradicar si tenemos crecimiento económico y una política social de Estado que esté basada en la igualdad de oportunidades para todos. Ello implica, PARA TODOS, acceso efectivo a la educación temprana, al sistema educativo de calidad, a los servicios de salud que garanticen el acceso a médicos, medicinas y equipamiento adecuado para todos sin importar su estatus laboral (estar o no afiliado al IMSS), aseguramiento ante eventos catastróficos y a una pensión digna. Esto se logra con un sistema de protección social universal cuyas características han sido estudiadas y recomendadas a este gobierno, pero que no han sido escuchadas. La política de AMLO va en sentido opuesto: el sistema educativo ha sido entregado a las cúpulas sindicales, se han reducido los recursos a la salud y no se ha propuesto ningún esquema que promueva la igualdad de oportunidades. Eliminar las estancias infantiles, entregando el dinero a los padres, tampoco es una alternativa para asegurar que todos los niños de cero a cinco años reciban una educación de calidad.
Para atacar la inseguridad era necesario reforzar las fuerzas policiacas civiles y mejorar la procuración de justicia y el sistema penitenciario. En su lugar, este gobierno ha militarizado el territorio nacional, y la inseguridad y violencia no sólo no han disminuido sino que van al alza. Así no, presidente López Obrador. Se sabe qué se debe hacer, pero no se ha hecho caso y prevalece la incompetencia. Ha desechado toda propuesta por venir de los "adversarios neoliberales". El camino que ha seguido AMLO es sumamente peligroso al militarizar el país y otorgarles todo tipo de prebendas al Ejército y Marina con fines cuestionables.
El crecimiento económico ha sido nulo este año y promete ser muy bajo el año próximo. La inversión se estimula fundamentalmente con reglas claras y eficaces, adquisiciones y contrataciones a través de licitaciones abiertas y competitivas –en lugar de asignaciones directas–, y estabilidad macroeconómica e institucional. La receta, bien conocida, se ha seguido más bien en sentido opuesto: cancelación del NAIM, megaproyectos socialmente poco rentables (refinería de Dos Bocas y Tren Maya), amenazas de cancelación de contratos millonarios (gasoductos), acecho a la independencia del Poder Judicial y a los contribuyentes cumplidos o no, amenazas innecesarias al patrimonio de las personas y empresas honestas, y un largo etcétera. Así no, señor presidente.
Y en medio de todo esto, el debilitamiento de los contrapesos democráticos so pretexto de corrupción (cuando en las propias filas y programas del gobierno hay una enorme sombra de lo mismo), intromisión evidente en el Poder Judicial, alimentación del clientelismo electoral y ataque a medios de comunicación y personas a través de amenazas y denostaciones sin fundamento.
Claro que hay alternativas, efectivas y probadas. El problema es que la 4T no está interesada en resolver los problemas. Está interesada en mantenerse en el poder absoluto, cueste lo que cueste.