Enrique Cardenas

Senado inepto, Corte sumisa

Estamos regresando a la época cuando el PRI tomaba todas las decisiones, cuando las decisiones del presidente o del Congreso no podrán ser apelables en los tribunales de manera independiente del Ejecutivo.

Se ha escrito mucho sobre la NO designación de la Dra. Ana Laura Magaloni como ministra de la Corte por parte del Senado. En estas líneas destaco dos puntos que constituyen no sólo una oportunidad perdida, como un bateador con casa llena que decide llegar a primera base por bolas malas de un pitcher mediocre, en lugar de batear con todo y anotar un homerun que produce cuatro y no una carrera, sino que además muestra que la decisión lleva a que los ciudadanos pierdan y nuestras instituciones también. Incluso la 4T también pierde.

Primero, perdimos la oportunidad de tener a una ministra profundamente conocedora de la importancia de la Corte para pacificar al país a través de la impartición de justicia para todos y no sólo para los ricos. Perdimos la oportunidad de tener una ministra que entienda la profunda desigualdad que implica que la mayoría de la gente no tenga acceso a la justicia, la necesidad de que las sentencias sean comprensibles para todos, que la justicia se acerque a la gente e inspire confianza, que se logre pacificar a las partes en conflicto mediante claridad, argumentación y transparencia sobre las decisiones del juez.

Se perdió a una ministra que, como dijo en su presentación Ana Laura Magaloni, "la cárcel no resuelve nada, sólo los delitos que más lastiman a la colectividad deben ser castigados con prisión, los demás no". Esta idea apela a que hay que pensar en más soluciones que no sean penales para abordar problemas públicos, y distanciarse del populismo punitivo que eleva las penas de cárcel, amplía la prisión preventiva oficiosa, militariza a la policía para complacer a la gente enojada por la impunidad y ansiosa por el grave fenómeno delictivo.

El Senado escogió mal. Poniendo a un lado las implicaciones políticas de la designación por el momento, quedó plenamente demostrado que el Senado no hizo su trabajo adecuadamente. El Senado quedó reprobado y demostró una vez más que no es un órgano del Estado confiable, que no es un cuerpo que delibere bien y tome decisiones adecuadas ética, moral y técnicamente. En este caso no sólo se trató de mayorías aplastantes de Morena para tomar una mala decisión. No. Como órgano del Estado, el Senado falló.

Y tampoco funcionó el Senado porque al no escoger a una persona que claramente estaría enfocada a contribuir a la tarea más apremiante que enfrentamos, la inseguridad expresada en la violencia intrafamiliar, en el trabajo y en la vida cotidiana en general, el Senado dejó de actuar con responsabilidad y altura de miras. Se fue, mejor, por el camino fácil y más cómodo.

Y para el gobierno, que se jacta de que uno de sus objetivos es precisamente luchar contra la desigualdad, con la decisión del Senado se perpetuará por los años siguientes quizás la peor de las desigualdades: la del acceso a la justicia. Como se ha demostrado en las encuestas del Inegi de personas en reclusión, las cárceles están llenas principalmente de gente pobre. No tienen cómo defenderse ni cómo evitar la arbitrariedad de la autoridad.

Pero esto no es todo. La designación de Margarita Ríos, como nueva ministra del máximo tribunal, simplemente convierte a la Suprema Corte de Justicia en un órgano que ha dejado de tener una de sus características esenciales. Ser un poder del Estado independiente de la otros dos. Señores, la Corte actual muy difícilmente va a aprobar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que cuestionen al Ejecutivo por el simple hecho de que se requieren ocho votos para lograrlo. El presidente López Obrador ya tiene cuatro votos seguros de 11. Esto significa que controversias entre los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) serán decididas a la voluntad de AMLO; o bien que decisiones sobre la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso dependerá, nuevamente, de la voluntad presidencial.

Es decir, estamos regresando a la época cuando el PRI tomaba todas las decisiones, como en la expropiación de la banca de 1982 en que, posterior al hecho, el gobierno tuvo que modificar la Constitución para hacer legal el monopolio del servicio bancario otorgado por el Estado. Así, como en 1982 y como sucederá a partir de ahora, las decisiones del presidente o del Congreso no podrán ser apelables en los tribunales de manera independiente del Ejecutivo.

En suma, más allá de la hegemonía de Morena en el Senado, la NO designación de Ana Laura Magaloni muestra que la Cámara alta resulta incompetente para seleccionar a los mejores ministros de la Corte, que no está cumpliendo su papel y que, más aún, acaba de entregarle al presidente, en bandeja de plata, el Poder Judicial de la Nación.

Tache, tache, tache.

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