Las personas, primero
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Las personas, primero

04/04/2019
Actualización 04/04/2019 - 14:32

En los pequeños detalles se ve lo malo y lo bueno de las políticas públicas. En el primer caso, el de los malos efectos, éstos llegan a ser devastadores y son las personas más vulnerables –mujeres, indígenas y quienes tienen menos recursos económicos- son quienes más llegan a resentirlas en su vida cotidiana.

Un primer ejemplo lo podemos ver en la infraestructura educativa. Imagínese una escuela primaria pública, de unos 300 alumnos, en la que no hay acceso al agua potable ni al drenaje. Una escuela sin baños es un verdadero insulto, ya que expone y compromete la salud de los mexicanos más pequeños; en pocas palabras es un atentado a la niñez. Es un hecho que si en el siglo pasado era terrible, casi al final del siglo XXI resulta injustificable.

Por ejemplo, en el caso de Puebla, cuatro de cada 10 escuelas en las que desde 2015 se había aplicado el Programa de Reforma Educativa carecen de baño y agua potable y en general no tienen instalaciones dignas. Según documentación obtenida por el diario El Popular, de mil 683 escuelas registradas en el estado, 664 no cuentan con servicio de sanitarios, problema recurrente en la zona sur de México (https://bit.ly/2Ictvw7)

Tomemos otro ejemplo sobre escuelas. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, en Puebla siguen dañadas 522 planteles educativos, de los cuales a inicios de este año aún 108 registran daños graves, es decir que no se pueden ocupar, por lo que sus pequeños alumnos estudian en aulas improvisadas e incluso al aire libre. La historia resulta aún más terrible si tomamos en cuenta que la mayor parte de los chicos son de escasos recursos y habitan en 73 zonas pobres como Huehuetlán El Chico, Tecomatlán e Ixcamilpa de Guerrero (https://bit.ly/2FZI8Bq). La justificación para no reparar las escuelas es, como en muchas cosas en México, la abulia aparejada a la excesiva burocracia, sin soslayar el posible mal uso del dinero para la reconstrucción que debió haber llegado hace más de un año. En las malas decisiones de estos casos, ni por asomo se piensa en poner primero el interés y bienestar de la niñez.

El sistema judicial tampoco se queda atrás. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018 de la UDLAP, el estado de Puebla registra un nivel de impunidad muy alta. Resulta paradójico que esa entidad fue la primera del país en implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sus niveles de impunidad siguen siendo altísimos.

De acuerdo a ese estudio, la cadena de impunidad se explica de la siguiente forma “el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas es de 64 mil 339, los presuntos delitos y delitos registrados en las procuradurías es de 62 mil 879, sin embargo, el número de casos procesados y/o imputados registrados es de 6 mil 235 respecto a los sentenciados que es de mil 199, mientras que los que reciben sentencia condenatoria es de mil 97” (https://bit.ly/2TTB6SD).

La cadena de impunidad, la reparación que nunca llegó a las escuelas dañadas por el sismo de 2017, los planteles educativos sin agua ni baños, son botones de muestra de lo que no se debe admitir ni repetir en nuestro país. Revertir eso implica desde el gobierno priorizar y ejecutar las decisiones poniendo en el centro de toda acción pública el bienestar de las personas y las familias. Pareciera una obviedad pero no lo es. Así lo muestran los ejemplos que acabamos de mencionar. Las personas y familias no aparecen por ninguna parte.

La ventaja de poner como objetivo central de cualquier política pública el bienestar de las personas es que las políticas se alinean casi en forma natural, además de facilitar la toma de decisiones. Tener un objetivo claro, sin ningún tipo de interés, ayuda a que las decisiones sean consistentes y enfocadas. Incluso, cuando hay dos decisiones que se deban tomar y que mostraran un conflicto directo entre ellas, el objetivo claro determina que escoger entre dos bienes implica, seguramente, que tendremos que paliar el impacto sobre la decisión no tomada.

Trabajemos, coadyuvemos y presionemos desde la sociedad civil para que eso ocurra, de lo contrario el futuro no será nada halagüeño.

Con la colaboración de Jorge Machuca.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.