Universidad Iberoamericana de Puebla/Puebla contra la Corrupción e Impunidad
En las últimas semanas, y en realidad en los últimos (muchos) meses, hemos visto que la información de interés público comienza a escasear, a ser menos confiable y a ser amenazada por el poder. Quizás el ejemplo reciente y más conspicuo es el número de fallecimientos por el Covid-19. En un trabajo reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (https://contralacorrupcion.mx/muertes-coronavirus-cdmx/) se mostró que existen casi cinco veces más defunciones causadas o relacionadas con el coronavirus en la Ciudad de México que las que había señalado el gobierno federal, y también más de las que había dado a conocer el gobierno de la ciudad. Independientemente de la dificultad para determinar la causa de la muerte de las personas y si está ligada al Covid-19 en medio de una pandemia, en donde los hospitales están cercanos o se encuentran en plena saturación, no hay credibilidad ni confianza en las cifras de fallecimientos en México. Al menos no la hay para el público, no es tratada como un bien público.
Tampoco existe información pública fidedigna y actualizada en cuanto a los resultados de la lucha contra el huachicol, o la contaminación que se está generando por el consumo de combustóleo de la refinería de Tula en termoeléctricas de la CFE, o a las causas de los fallecimientos en 2019 que debe informar la Secretaría de Salud. Lo mismo ocurre en otros ámbitos, y es una mala señal. Se hizo célebre la frase "tenemos otros datos" que desde el inicio de su gobierno ha utilizado el presidente López Obrador para informar a la población, o para mostrar que las decisiones que se están tomando son las adecuadas. Muchos de esos 'otros datos' no son verificables ni existe documentación que los respalde. Incluso, con frecuencia esos datos han sido contradichos por información oficial o de origen extragubernamental, como algunos relativos a la pandemia, al pleito de los gasoductos de Pemex, o a la cancelación del NAIM.
Para maximizar la efectividad de la política pública se requiere información fidedigna y oportuna para evaluar sus procedimientos, monitorear su desempeño y medir sus resultados. Por ello, en México hemos construido instituciones e instrumentos para evaluar las políticas públicas para mejorar su diseño e impacto. Una condición para asegurar la credibilidad de estas instituciones ha sido aislarlas de los poderes del Estado y establecerlas como órganos constitucionales autónomos. Ya ha habido reducciones de gasto y existen amenazas presupuestales a varias de estas instituciones, como el Inegi, o el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, o al Instituto Nacional Electoral. También se ha dejado de producir información por secretarías de Estado y otras entidades públicas, aun cuando la ley lo mandata. Tal es el caso de las secretarías de Energía, Medio Ambiente y Salud.
Nos encontramos ante el acecho de una nube que oscurece el conocimiento de nuestra realidad y de la efectividad de la política pública. Vivimos una situación en donde la información está limitada y las dudas sobre su veracidad son cada vez mayores.
No contar con información confiable sobre la realidad del país conlleva atraso y múltiples dificultades de toda índole. Tomemos el caso de la pandemia que estamos enfrentando: no se pueden tomar decisiones informadas, el diseño de la política pública para enfrentarla tiene problemas de origen, no se puede comunicar bien a la población lo que implica que habrá fallas en su efectividad y resultados (como el ejemplo de seguir o no el distanciamiento social), tampoco es posible su evaluación, y la sociedad no tendrá información fidedigna para guiar sus acciones y decisiones.
Por eso es indispensable contar con información veraz que permita elaborar diagnósticos reales, certeros, para la toma de decisiones. También es necesaria para alertar a la sociedad sobre problemas inminentes que puedan poner en peligro la viabilidad del país, la armonía social, la prosperidad para todos, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la libertad. Un grupo de personas estamos interesados en contar con una organización que vea por este problema, que monitoree esta desaparición de información auténtica, que brinde diagnósticos acertados sobre nuestra realidad.
No podemos renunciar a nuestro derecho a la información de interés público. Es fundamental, se trata de un bien público.