Por muchos decenios, la base del poder hegemónico del PRI descansó en los sectores que lo componían y que aglutinaron a una buena parte de la sociedad posrevolucionaria. Así se construyó su fuerza y de ella dependió, en buena medida, la paz política que disfrutamos por muchos años.
Pero esa relación comenzó a deteriorase. Los movimientos sociales de fines de los años cincuenta y el movimiento estudiantil de 1968, dieron cuenta de las debilidades del sistema y su cerrazón a la vida política para otros grupos ajenos al PRI.
El papel político de estas "corporaciones" era evidente en la vida pública cotidiana. Los presidentes marchaban por las calles arropados por cientos y hasta miles de campesinos, obreros o trabajadores en sectores de toda índole, sin ningún temor por alguna insurrección o muestras de repudio. Esta práctica fue evolucionando mostrando matices, pero se prolongó hasta la presidencia de Ernesto Zedillo. La pérdida de la mayoría del Congreso por parte del PRI en las elecciones intermedias de 1997, modificó para siempre el panorama político, que culminó con el triunfo de Vicente Fox en 2000.
A partir de entonces, y ante el "vacío" de poder central que generó el cambio de partido del inquilino de Los Pinos, los gobernadores atraparon todos los espacios que el disminuido poder presidencial dejó libres. Algo semejante ocurrió con muchas de las corporaciones, cuyos líderes locales de pronto dependieron de los gobernadores en lugar de sus líderes nacionales y del presidente. La abundancia de recursos económicos que se repartieron a los gobiernos estatales durante la presidencia de Fox, que fue posible por el aumento sostenido del precio del petróleo, les dio un enorme poder de control sobre sus clientelas tradicionales y las nuevas que surgieron entonces, muchas de ellas creadas para consolidar el poder del gobernador a expensas de los poderes Legislativo y Judicial locales.
Así, el día de hoy, los gobernadores otorgan recursos y privilegios a burócratas, legisladores, jueces y grupos sociales que se los demandan, tal como lo había hecho el presidente de la República antes de 2000, a cambio de brindarles apoyo durante su gestión o en las épocas electorales. El poder del gobernador se amplió conforme aumentó la disponibilidad de dineros y la discrecionalidad en su uso, y en la medida que el gobernante estuvo dispuesto a utilizar medidas de coerción, como amenazas o represalias económicas o políticas.
En este proceso, el esquema se desdobló hacia el nivel municipal. El gobernador utiliza su discrecionalidad y control sobre los otros poderes para ganar y sostener el apoyo político de presidentes municipales. Si estos se comportan y hacen lo que les dicta el jefe, reciben dinero, les permiten moches… entonces todo queda tranquilo. Si desobedecen o piensan de otras maneras, se les reducen o retienen los recursos federales o el Congreso no les aprueba la cuenta pública. Si el dinero no fuese atractivo suficiente, entonces amenazas o persecuciones políticas sirven al mismo propósito: sometimiento a la voluntad del gobernador.
Y a su vez, los presidentes municipales cooptan a los regidores, o coercionan a quienes no sigan su voluntad. Los presidentes municipales compran sus puestos como inversión, pues esperan recuperarla en un periodo corto a través de la corrupción, tolerada o incluso estimulada por el gobernador, quien controla los poderes Legislativo y de procuración e impartición de justicia.
Así, los gobernadores se han vuelto piezas claves en el ajedrez político actual del país. Controlan sus territorios y tienen capacidad de negociación ante el poder central y ante las élites de sus partidos. En la medida que el federalismo siga tan pobre y precario como el que he descrito, soportado por un clientelismo local y acendrado, los ciudadanos seguiremos a merced del poder de los gobernadores. Nuestros derechos de propiedad, derechos sociales y, sobre todo nuestros derechos humanos, estarán siempre amenazados si el gobierno en turno considera que uno, como ciudadano de a pie, se está sobrepasando en sus opiniones o críticas sobre lo público. El corporativismo que soportaba al régimen autoritario del PRI en el pasado a lo largo y ancho del país, goza de plena salud a nivel estatal. Es una explicación del autoritarismo y rezago de nuestra vida democrática local.