Desde el periodo de transición del actual gobierno hemos visto una serie de decisiones que implican el desperdicio de recursos públicos. Iniciamos con la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, que costó más de 75 mil millones de pesos en forma inmediata, el sobreprecio del pago de los bonos a sus tenedores, la pérdida de empleos formales. Y, sobre todo, sufrimos la pérdida del crecimiento de corto, mediano y largo plazos (y la no creación de empleo) por la inexistencia de infraestructura de comunicación indispensable para soportar una economía próspera. Es un despilfarro enorme que se cubrió con las tarifas de los usuarios del aeropuerto (dedicadas a mejorar los aeropuertos y no para destruirlos) y con impuestos directos e indirectos.
Luego siguió el despilfarro de recursos pagados a los 20 mil siervos de la nación para 'construir' un censo del bienestar que ya ha sido abandonado por su inoperancia, en lugar de haber construido seriamente un padrón único de beneficiarios de los programas sociales que fuera confiable, auditable y transparente. Y se debía haber aprovechado al INEGI, la institución del Estado capaz de hacerlo.
El gasto exorbitante en programas sociales y de otro tipo sin reglas de operación (más de 400 mil millones de pesos en 2020, según México Evalúa), sin forma de evaluar su funcionamiento y eficacia, representa un despilfarro potencial de la misma magnitud, aunque nunca sabremos realmente de cuánto fue. Un botón de muestra. Ya ha sido aceptado por el propio gobierno que solamente el 30 por ciento de los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro alcanzará la meta de terminar el año con empleo. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esa cifra es muchísimo más baja.
También tenemos el despilfarro inyectado a Pemex. Todos los especialistas concuerdan que el intento de 'salvar' a Pemex como una empresa paraestatal de los años setenta no sólo es inútil sino incluso contraproducente. Sólo el año pasado el gobierno le suministró 97 mil millones de pesos de nuestros impuestos, además de haber reducido su carga impositiva, para que sus números lucieran bien a los inversionistas. Se quiere 'salvar' a Pemex a billetazos en lugar de meterse a su interior como empresa y recorrer el camino largo y difícil de restructuración en serio, que la haga más competitiva y menos devoradora de recursos públicos.
Hay muchas otras decisiones del gobierno que representan despilfarros, grandes y pequeños, pero que al no contar con suficientes recursos, se vuelven enormes: el uso del avión de la fuerza aérea para traer las cenizas de José José, la compra de medicinas más caras y sin certificación en el extranjero, la eliminación de los puentes de fechas históricas que lastiman el turismo y un largo etcétera que han provocado directa o indirectamente la pérdida de recursos públicos escasos.
Uno más, muy conspicuo, y que tiene otras implicaciones: el avión presidencial que el gobierno ha intentado vender. Ya quedó comprobado que mantenerlo estacionado al tiempo que AMLO viaja con su comitiva varias veces a la semana en líneas comerciales ha representado un gasto mayor para el erario que haber usado el avión presidencial. Otro despilfarro para mantener una promesa de campaña. Luego vino la ocurrencia de la rifa. Morena rápidamente cambió la ley para poder enajenar bienes de la nación a través de sorteos, sólo para que en pocos días después AMLO cancelara la rifa del avión para hacer, en su lugar, un sorteo de dinero, como la Lotería Nacional.
Pero ahora estamos pasando del despilfarro a la extorsión, a una modalidad de 'cobro de piso'. Al momento de enviar esta columna al periódico se sabe que la noche del miércoles habría una cena en Palacio Nacional en donde les pasarían la charola a unos 100 empresarios para comprar boletos de la Lotería (ahora 'rifa del avión'). El comportamiento que ha mostrado AMLO hasta ahora ha sido que quienes no están con él están contra él. Las consecuencias de no 'colaborar' con la compra de cachitos de la Lotería se las imaginará cada uno de los invitados. Pero la amenaza está ahí, y es creíble porque ya lo ha hecho: ¿enviarles auditorías del SAT a ellos o sus familiares?, ¿rescindirles contratos a ellos o a sus parientes?, ¿investigarlos por lavado de dinero o defraudación fiscal y eventualmente llegar a la extinción de dominio aún sin mediar sentencia condenatoria?, o algo de lo que no tengo registro que haya hecho ya como develar información personal que dañe su imagen pública o privada. Uno sólo puede imaginar las posibilidades que el poder autoritario y sin límites tiene para extorsionar si lo decide, como lo hace una pandilla de criminales que cobra impunemente derecho de piso en tantos lugares del país.
¿Cómo se le llama al padre que se va de juerga y despilfarra el dinero de la familia, al tiempo que la madre no tiene dinero para comer o para medicinas para sus hijos?