Opinión Enrique Cardenas

Combatir la desigualdad, pero en serio

Sí hay forma de combatir la desigualdad, pero como se está haciendo no es efectiva ni correcta.

Es excelente que el gobierno haya puesto énfasis en combatir la desigualdad lacerante que existe en México. De hecho, varios de los conflictos que se desataron en el mundo en 2019 tienen que ver con esa realidad. La migración entre países, y dentro de ellos, se explica por diferencias enormes entre grupos de su población.

Para combatir la desigualdad, lo primero que se necesita, la condición indispensable, es la voluntad política para llevarla a cabo. Esa condición parecería cumplirse en el gobierno de AMLO. Al menos esa es la retórica que repite un día sí y el otro también. Naturalmente, existirán menos obstáculos para combatir la desigualdad si la sociedad en general apoya la voluntad del gobernante.

Pero además de la voluntad se requiere instrumentar una serie de políticas públicas que sean efectivas para lograrlo. Éstas, a su vez, requieren un diagnóstico claro y objetivo, basado en evidencia, y un diseño apropiado para lograr los objetivos. Uno de los elementos centrales es reconocer que existen muchos tipos de desigualdades, no sólo la de ingresos, la que concretiza las brechas socioeconómicas de las personas. Existen desigualdades enormes que se reflejan en la vida de los bebés y los niños en su primera infancia, en las oportunidades para estudiar, en el acceso a la justicia, en el acceso a la salud, en la disponibilidad de servicios básicos, en la desigualdad generada por la discriminación de género o de origen étnico o de preferencia sexual, en la desigualdad en la calidad del aire, en la desigualdad de oportunidades para emprender un negocio, en la desigualdad de esperanza de vida al nacer. En todas estas dimensiones las diferencias son enormes. Pensar que la única desigualdad es la que existe por la brecha salarial, o por las diferencias en ingresos o riqueza, es equivocado y lleva a errores de política pública y deja sin atender muchas otras formas de desigualdad.

Por ello, para combatir la desigualdad se debe pensar de forma transversal, en todas estas dimensiones. Argumentar que con aumentos al salario mínimo, o que entregando dinero a jóvenes sin tener alguna responsabilidad a cambio, o mediante subsidios que están llevando a arrasar selvas va a disminuir la desigualdad es, por lo menos, ingenuo. Alguien podría argumentar que es perverso.

Existen muchas políticas probadas en el mundo que, contando con la voluntad gubernamental o el acuerdo social requerido, y con los medios para financiarlas, llevan a reducir la desigualdad de manera significativa. Primero y la más potente es contar con un sistema de protección social UNIVERSAL (basado en derechos) que incluye atención especial a la primera infancia, acceso efectivo a la salud y a la educación de calidad, aseguramiento contra gastos catastróficos y una pensión digna. Este sistema debe construirse como tal y su financiamiento depende de la contribución de una amplia base gravable. Este sistema se ha diseñado por organizaciones y entidades públicas nacionales e internacionales, y en los últimos años se había hecho un esfuerzo para implementarlo. No se avanzó más rápido por diversas razones políticas. Hoy, con la fuerza de un presidente que tiene la popularidad y la mayoría en el Congreso podría realizarlo. Lamentablemente han desarticulado algunos avances en la construcción del sistema, como por ejemplo eliminar en los hechos las estancias infantiles, el seguro por gastos médicos catastróficos del Seguro Popular, y reducir aún más los presupuestos destinados a los niños, quienes son más pobres que los jóvenes y que los adultos.

Segundo, el acceso efectivo a la justicia es indispensable también. El nombramiento fallido de Ana Laura Magaloni a la Suprema Corte hubiera traído ese enfoque y ese énfasis a nuestro Poder Judicial. El gobierno perdió esa oportunidad.

Tercero, se requieren políticas específicas para disminuir las brechas con los grupos sociales más vulnerables y rezagados. Por ejemplo, 36.7 por ciento de hombres no indígenas entre 21 y 55 años se encuentran en condición de pobreza, mientras que 79.4 por ciento de las mujeres indígenas (hablantes de lengua indígena) están en esa condición. El caso de los niños es gravísimo: de acuerdo con el Coneval, 47.8 por ciento de la población entre cero y 17 años (no indígena) se encuentra en situación de pobreza, mientras que esa condición afecta a 78.5 por ciento de los menores indígenas. La brecha en el acceso a los servicios básicos en la vivienda (agua, drenaje y luz eléctrica) es todavía peor. 14.9 por ciento de los hombres no indígenas tiene ese rezago, mientras que 65.5 por ciento de las mujeres indígenas lo tienen. Ahí están ejemplos de la dolorosa realidad de nuestra desigualdad.

Las brechas no sólo son de ingreso. Atañen muchas otras dimensiones de la vida y del bienestar. Y por ello la lucha contra la desigualdad debiera ser una política de Estado, con instrumentos y estrategias en todos los ámbitos dirigidos a combatirla. Sí hay forma, pero como se está haciendo no es efectiva ni tampoco la manera correcta para batallar la desigualdad.

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