Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
El camino hacia un sistema donde López Obrador, el líder, tendrá TODO el poder, está tomando velocidad. Está en proceso de controlar el Presupuesto, en qué se gasta y cómo se gasta; en realizar lo necesario para controlar al Poder Judicial y, por tanto, dirimir controversias de todo tipo en el país; en eliminar cualquier fuente de autoridad que estorbe a la voluntad presidencial, y en eliminar o al menos neutralizar voces, acciones de grupos opositores y utilizar la fuerza del Estado para lograrlo. No importa los medios, no importa si viola la ley. Lo importante es concentrar TODO el poder.
Empecemos por el dinero. El control del personal y del Presupuesto que depende del gobierno federal y de la mayor parte del sector público es casi total, y depende ya del presidente de la República. ‘Sobrantes’ en los presupuestos de entidades gubernamentales pasan al control discrecional del Ejecutivo.
Su lucha contra el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en una cruzada en contra de todos aquellos puntos donde hay cierto poder público para intentar arrasarlos, y lo va consiguiendo paso a paso. Con la complicidad del ministro ‘renunciante’ Arturo Zaldívar, el presidente nombró a una nueva ministra de la Suprema Corte que le responde directamente a él, y solamente a él. Ya tenía dos ministras supeditadas enteramente a su voluntad, ahora tiene tres. Y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el otro factor fundamental de imperio y autoridad sobre el tema más delicado, el electoral, la ira se ha concentrado desde hace tiempo. Inició desde el primer segundo de este gobierno y, mediante artilugios legales, logró la semana pasada dar un golpe a su presidencia y, todo parece indicar, cooptarlo para la próxima contienda electoral.
Su iniciativa próxima para que los magistrados y jueces sean electos ‘popularmente’, uno de los medios comunes de los populistas, a decir de los expertos, terminará por supeditar totalmente bajo el líder (la reencarnación del pueblo) al Poder Judicial.
Lo mismo está sucediendo con el INE, el árbitro electoral y que es el garante de los derechos ciudadanos de votar con equidad y seguridad. Controlarlo significa la capacidad de intervenir en buena parte los resultados electorales. Así, después de sus intentos de cambio constitucional y de cambio a la legislación que buscaba cooptar al árbitro electoral, finalmente López Obrador consiguió reemplazar en su presidencia a un personaje filial a él. Su misión de convertir al Instituto en un instrumento al servicio presidencial es cada vez más evidente. La crisis actual por la que atraviesa el INE, en donde no hay acuerdos para el nombramiento de los altos funcionarios de la institución, dejan ver la encomiable resiliencia de varios de sus consejeros para mantener la independencia del Instituto, y ojalá salga avante. Pero el propósito de cooptación de López Obrador es más que claro.
Las maniobras para controlar al INAI han sido también persistentes y la resistencia de su gobierno institucional ha sido fundamental para prevalecer en su misión. Quizá la energía gubernamental para cooptar o de plano destruir al INAI no ha sido tan fuerte porque el presidente encontró en la cláusula de ‘seguridad nacional’ la manera de brincarse todas las trancas. Pero el intento por neutralizarlo ha seguido y la falta de nombramiento de los nuevos consejeros ha puesto en jaque a la institución. La Suprema Corte tuvo que entrar al auxilio para que pudiera operar con menos miembros en su junta de gobierno del quorum legal, e incluso el Senado ha entrado en desacato a la orden judicial para que los nombre.
Finalmente, para apuntalar su poder, López Obrador entró en complicidad con las Fuerzas Armadas, pues ahí no tuvo la suficiente fuerza para imponerse sobre ellos. Así que mejor optó por aliarse y utilizarse mutuamente. El Ejecutivo les da a las Fuerzas Armadas y sus cúpulas presupuestos nunca vistos, ejercidos con total opacidad y con discrecionalidad prácticamente absoluta. Nadie puede tocarlos, nadie puede cuestionarlos. El presidente se pliega ante sus abusos, como los indicios de corrupción y el involucramiento de los militares en asuntos espinosos como Ayotzinapa, sin siquiera mencionar la posibilidad de algún hecho indebido. A cambio, las Fuerzas Armadas se encargan de su permanencia y la de su poder (me imagino que incluso luego de 2024), y está por verse dónde residen las lealtades de las Fuerzas Armadas en un momento de definición constitucional.
Este es el proyecto de López Obrador y lo está llevando adelante, paso a paso, con disciplina y persistencia. Se conoce que la tiene, y que la ha ejercido a lo largo de su vida. Parece que la única salida para preservar nuestra democracia es un triunfo arrollador en las urnas, aunque como van las cosas en el INE y en el Tribunal Electoral, tendrá que ser tan arrollador que no haya lugar a que ninguna trampa sea capaza de evitarlo. Así de grande es el reto.