Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
Cada semana considero el tema de mi columna en este diario, trato de pensar en aquello de mayor relevancia que ha ocurrido y que merece una reflexión. Eso sería lo normal. Pero desde hace cuatro años, y no se diga en los últimos meses y semanas, casi todos los días aparecen eventos, un decreto, una noticia que amerita ser desenvuelta, investigada y cuestionada por su seriedad, gravedad o relevancia. Por eso me cuesta trabajo decidir sobre el tema que debo escribir.
En las últimas dos semanas, por ejemplo, ha estallado la discusión sobre los libros de texto gratuitos y las innumerables aristas que tiene ese tema. Cada uno merece estudio profundo: que si el procedimiento para su elaboración fue en contra de lo estipulado en la ley, que solo pueden ser impresos una vez que existan planes de estudio aprobados y publicados, y que, por lo tanto, la jueza federal otorgó suspensión definitiva para la distribución de los libros. ¿Cómo es posible que la SEP se brincara la ley de esa manera y qué implicaciones tiene? O bien, que dicha suspensión no haya sido acatada por la autoridad y que los libros se hayan distribuido, y que los gobernadores de Morena defiendan la ilegalidad. ¿Qué significa todo ello para nuestro Estado de derecho? O bien, que el presidente López Obrador amenace a un juzgador con una carta que es evidencia inequívoca de su modo autoritario, antidemocrático e ilegal. ¿En dónde quedó la división de poderes? Son temas de la mayor importancia que, no porque se repitan una y otra vez, dejan de ser preocupantes. Bueno, y ni qué decir de Conacyt.
Otro tema que merecería una columna es el referido a la presunta corrupción del entorno del presidente López Obrador, que ahora alcanzó a la familia de Adán Augusto López y al gobernador de Chiapas. Es una más que se suma a los presuntos delitos de sus parientes más cercanos e incluso a sus hijos. Nada ha pasado y eso no debemos verlo como “así es México”. Son casos que deben investigarse por lo que implican, y que se suman a otros que tampoco han sido aclarados, como los del secretario de la Defensa Nacional. No nos podemos acostumbrar a que la corrupción siga rampante y no se investigue ninguno de estos presuntos delitos, tal como no los dejamos pasar en el tiempo de Peña Nieto.
También sería importante escribir sobre el espléndido trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que muestra el deterioro sistemático y cada vez más amplio de la información pública. En ese estudio presentado la semana pasada, se muestra cómo el 70 por ciento de las páginas oficiales que deben dar información están desactualizadas, o bien ya no existen, o sus datos son imposibles de utilizar. Por esta razón nació Signos Vitales, por la amenaza que nos “apagaran la luz” para no saber lo que está ocurriendo. A esta desaparición se agrega la destrucción de instituciones como el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que producía información relevante sobre el aprendizaje de los niños y el desempeño del magisterio, o la desaparición del Sistema de Información y Gestión Educativa, Siged, sin que el INEGI hiciera el mínimo esfuerzo por mantener esa información como de “interés nacional”. No podemos quedarnos inermes ante la desinformación, para el conocimiento público, para la generación de diagnósticos y análisis que permitan diseñar mejores políticas públicas y tener la capacidad de evaluarlas.
La presentación de los datos de pobreza y carencias sociales por Coneval con datos del INEGI también merece discusión. Muchos se han referido a ello y resulta revelador que haya resultados aparentemente contradictorios. Por un lado, la disminución de la condición de pobreza para 5 millones de mexicanos, al tiempo que persiste o empeora la pobreza extrema. Asimismo, existe un deterioro gravísimo del acceso a la salud, probablemente el aspecto social que más ha sufrido en este gobierno.
Cada uno de estos datos merece espacio y reflexión, y agrego mi insistencia en revisar la manera como el INEGI mide el ingreso de los hogares, pues algunas de esas cifras no son consistentes con otras. Por ejemplo, las cifras del INEGI no cuadran cuando publica que los ingresos anuales provenientes del extranjero por hogar fueron 2 mil 644 pesos que, multiplicados por 37.6 millones de hogares a 18 pesos el dólar, suman apenas 5 mil 523 millones de dólares de ingresos del extranjero. Los ingresos por remesas en 2022, de acuerdo con el Banco de México, alcanzaron casi 60 mil millones de dólares. Tampoco cuadra el 16 por ciento de crecimiento de los ingresos de los hogares entre 2020 y 2022 (11 por ciento de aumento de ingresos más 5.1 por ciento de aumento del número de hogares), con un aumento del PIB de apenas 7.9 por ciento en ese mismo periodo.
Estos porcentajes deberían ser semejantes. Sí, medir el ingreso es complicado, siempre ha sido, pero es evidente que el INEGI debe retomar la revisión de su metodología para ofrecer cifras fidedignas y confiables.
Y así como esos temas, hay otros, como el traslado del AICM a la Marina y el lanzamiento de la línea aérea de los militares, sin planes financieros ni operativos, ni justificación de tener una línea aérea comercial manejada por las Fuerzas Armadas. O el plan de la Marina de forzar el tránsito al AIFA disminuyendo slots en el AICM y cerrando el aeropuerto de Toluca a vuelos comerciales. Todo esto merece un análisis más detallado.
Como les digo, son un alud de temas importantes, preocupantes, que nos caen encima día con día. Muchos de ellos ya están afectando nuestras vidas y otros los resentiremos en los años por venir. No nos acostumbremos a la ilegalidad, ni a la casi extinción de nuestro derecho a saber sobre lo público, ni a la toma de decisiones del Ejecutivo que tendrán implicaciones profundas, como la militarización. Los pilares de nuestro sistema democrático están siendo cercenados cada vez más.