No se necesita saber mucho de Teoría del Estado o de ciencia política para percatarse que estamos transitando al filo de la navaja. La violación flagrante de la ley en todos los ámbitos, pero especialmente en lo relacionado con los procesos para otorgar el poder público, o sea los procesos electorales, es un presagio de la oscuridad antidemocrática. Si además la violación de la ley proviene de quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, el impacto es mucho más grave y alcanza a mostrar lo que viene. Cuando al más alto nivel se viola la ley, se da permiso para que la ley de la selva prevalezca en lugar del Estado de Derecho. Así de sencillo. Y como sabemos, la definición de “ley de la selva” significa que quien tiene el poder y la fuerza es quien manda a costa de todos y de todo.
Violar las leyes electorales, atacar al árbitro de las contiendas electorales y debilitar al tribunal que sanciona las discrepancias jurisdiccionales es parte del mismo juego. Controlar por parte del Ejecutivo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cierra la pinza por el lado de la procuración de justicia. Así, el gobierno viola la ley sin recato alguno y quien está encargado de iniciar querellas por presuntos delitos electorales voltea para el otro lado, se abstiene de hacer su trabajo nadando de muertito. No importa si el personaje en cuestión haya tenido algún reconocimiento en su vida anterior, hoy es un simple lacayo del Presidente.
Las evidentes violaciones a la ley por el presidente López Obrador, por numerosos funcionarios incluidos el secretario de Gobernación y los altos mandos militares, por gobernadores de Morena y de otros partidos buscando alguna embajada, por los dirigentes de Morena y sus aliados, por sus líderes locales y operadores políticos (más conocidos como mapaches en la jerga del autoritarismo priista), y por funcionarios menores que amenazaban a ciudadanos vulnerables con “quitarles los programas sociales si no iban a votar”, son tan grandes que muestran una decisión clara y contundente: la ley no importa, lo que importa es ganar a como de lugar para continuar en el poder. Cualquier medio es válido: acarreos, compra de votos, desviación de fondos públicos, publicidad y propaganda por funcionarios impedidos por ley, uso de recursos públicos para promoción del presidente, violación a la veda electoral, y un larguísimo etcétera.
Ante la evidencia de la violación de la ley, las instituciones que están para cuidar que se cumplan deben actuar de manera expedita y contundente. No importa que se trate del presidente, ni del secretario de Gobernación o del Jefe de la Guardia Nacional (y de muchos otros). Nadie por encima de la ley. Es indispensable que la ley se haga cumplir en este caso (como en todos los demás) de manera ejemplar, pues de lo que se trata es de obtener el poder público emanado de las urnas. Si la ley no es un dique a los excesos del poder, lo que sigue es la ley de la selva.
En concreto, si los excesos del poder para prolongar su propio poder por encima de la ley no se detienen ahora, lo que nos espera en los próximos comicios, y en particular en las elecciones del 2024, será un fraude electoral de magnitudes insospechadas. Seguramente habrá protestas ciudadanas y desobediencia civil de magnitudes también no vistas en México desde hace tiempo, y la polarización que hoy vemos será mucho más aguda. Y en esa tesitura hipotética, ¿en dónde estarán las fuerzas armadas? Ante una toma del INE o del Tribunal Electoral o del Congreso, por ejemplo, ¿qué harán las fuerzas armadas? ¿Resguardarán las instituciones democráticas, o se plegarán a quien les ha dado dinero, poder y protección del poder civil?
No quiero ni imaginar esos escenarios catastróficos, pero lamentablemente son las violaciones a la ley de manera desfachatada y con total impunidad las que anteceden a situaciones donde se establece, como norma, la ley del más fuerte, sin control alguno, y respaldado por las armas.