Subcontratación enfrenta a Senado con Diputados
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Subcontratación enfrenta a Senado con Diputados

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Subcontratación enfrenta a Senado con Diputados

26/02/2018
Actualización 26/02/2018 - 14:03

El tema de subcontratación ha abierto fuertes diferencias entre legisladores mexicanos. La posibilidad de hacer cambios a la LFT en sus artículos 15A, 15B, 15C y 15D ha dejado en claro diferencias diametrales entre Senadores priistas y diputados perredistas y exige a sus colegas definirse por qué 'modelo' de contratación se pronuncian para marcar el futuro del mercado laboral mexicano: por el de la depauperación o por el de la dignificación del factor trabajo.

El asunto no es nada menor si tomamos en cuenta que hay cinco millones de trabajadores mexicanos que han sido contratados mediante el esquema de la terciarización o subcontratación. De cada 10 empresas, ocho subcontratan para reducir costos. Prácticamente 10 por ciento del empleo está en manos de esta modalidad laboral.

Según datos de estudios en la Cámara de Diputados, 60 por ciento de los nuevos trabajos se caracterizan por agruparse en la escala baja de remuneración y sin cumplir en lo absoluto con las disposiciones que en materia de seguridad social marca la Ley Federal del Trabajo. Son 32 millones de empleo sin seguridad social.

Por el lado del Senado, los legisladores priistas, Tereso Medina e Isaías González, representantes sindicales, dicen, promueven cambios a la LFT que, de hecho según se señalan en documentos de estudiosos del tema, flexibilizarán al máximo la contratación de personal mediante terceros intermediarios exentando a patrones a cumplir con sus obligaciones patronales hacia sus trabajadores.

En el extremo de los casos pudiera haber empresas sin un solo empleado pues todo el pago descansaría en terceras firmas 'especializadas' en subcontratar al personal que determinara la empresa contratante del servicio.

Aquí no habría obstáculo alguno para que terceros contrataran a todo el personal de una compañía, pagaran bajos salarios, pero sobre todo, evitaran que la empresa en la que esa mano de obra preste sus servicios, fuera obligada de ninguna forma de pagar y cumplir con sus obligaciones laborales.

La 'ventaja' de la propuesta del PRI en el Senado radica en que fomenta la inversión y creación de empleos y pasa por alto los principios de remuneración digna y sobre todo la obligación patronal de cumplir con la seguridad social, el contrato formal y prestaciones como la prima de antigüedad, vacaciones, tiempo extra, aguinaldo, días de descanso y otros.

Y lo más grave: una flexibilidad absoluta implica posibilidades de abusos y de presencia de prácticas de lavado de dinero.

La propuesta opuesta la encabeza Julio Saldaña Morán, del PRD, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados. No procura la flexibilización de los artículos mencionados sino su fortalecimiento para evitar la evasión de obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social tanto para el contratante como para la empresa que habrá de cumplir las veces de patrón directo.

Homologaría la definición de subcontratación entre la LFT y la Ley del Seguro Social. Limitaría la posibilidad de que 100 por ciento de los trabajadores fueran subcontratados, exigiría la aplicación de la posibilidad de subcontratación sólo en casos de verdadera especialización, elimina las lagunas que permitan o propicien la evasión de responsabilidades del patrón y promueve la incorporación del concepto de administración integral de capital humano en el que se comprenden procesos importantes como la capacitación, promoción de recuperar al trabajador de procesos de rezago educativo, promociones de seguridad superiores a los que marca la ley y otros elementos.

Lo curioso del caso es que ahora que el PRI requiere de apoyo popular ni siquiera en estos momentos considera el desprestigio que puede correr si se promocionan las características de lo que la iniciativa priista promueve desde el Senado y en la que por cierto no coinciden diputados priistas.

Se desea impulsar una profesionalización de las empresas de subcontratación toda vez que existen 900. De ellas sólo 100, igual a 9.0 por ciento, están registradas ante el IMSS y sólo 40 pagan todos los impuestos conforme a la ley y se atienen al cumplimiento estricto de lo que marcan las disposiciones en cuanto a los derechos de los trabajadores.

Al conocer estas cifras uno entiende a qué se refiere la observación de que la iniciativa de los Senadores sindicalistas abre la puerta a las actividades que permiten el lavado de dinero en todas sus acepciones posibles.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.