El robo de combustible de las instalaciones de Petróleos Mexicanos era tan sencillo, tan común, llegó a ser tan generalizado que surgieron 'empresas' que dieron forma legal a un acto a todas luces ilegal y criminal.
Estas 'compañías' ofrecían primero la posibilidad de abastecer diésel ultra bajo azufre o ya en la charla surgía el ofrecimiento de abastecer cualquier clase de energético o combustible necesario para el particular que quisiera obtenerlo de manera segura y sobre todo confiable y a un precio menor que el vigente en el mercado.
Se identificaban como un "apoyo sólido conformado por profesionales dedicados a la distribución y venta de combustibles con la capacidad, incluso, de garantizar cobertura en el 80 por ciento del territorio nacional incluyendo la posibilidad de ofrecer la proveeduría de tanques para almacenamiento con capacidades de entre 30 mil y 100 mil litros".
Incluso se contemplaba la posibilidad de brindar "asesoría y apoyo financiero conforme variadas opciones de renta, contado, crédito o comodato".
Las empresas garantizaban excelencia en el servicio, seriedad en el cumplimiento de lo contratado, bajo costo de producto, calidad en el combustible que se identificaba como importado, cumplimiento con la sustentabilidad ambiental y de precio bajo que garantizaba márgenes de utilidad excepcionales.
Todo era tan sencillo como manifestar primero la intención de hacerlo, firmar un documento en tal sentido y posteriormente firmar los términos del intercambio en contratos con vigencia a cinco años con posibilidad de refrendarlos a los tres de haberse iniciado el ejercicio de compra venta de combustibles.
En paralelo, se presentaba la necesidad de firmar un convenio de confidencialidad estipulado tanto en inglés como en español en el que:
"Las Partes irrevocablemente acuerdan que no abrirán y no revelarán de ninguna manera directa o indirectamente a un tercero ninguna información confidencial proporcionada por una parte a la otra o de otra manera adquirida, particu-larmente (sic) términos de contratos, información de productos o procesos de la fabricación, precios, honorarios, acuerdos financieros, programas e información acerca de la identidad de los vendedores, productores, compradores, prestamistas, prestatarios, agentes, distribuidores, refinerías, fabricantes, dueños de tecnología, o sus representantes y expresamente nombres de individuos, direcciones, capitales, o números de teléfono/fax, productos de referencia o información de tecno-logía (sic) y/u otra información notificada por una de las partes que sea confidencial o privilegiada sin el consentimiento previo específico escrito de la parte que proporcione tal in-formación (sic)" .
En el caso de controversias o incumplimiento de los compromisos adquiridos por la forma del contrato, el documento estipula que:
"Todas las discusiones que surjan de o en conexión con el presente contrato serán finalmente resueltas conforme a las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacio-nal (ICC) por uno o varios 'árbitros'" designados conforme a dichas reglas .
El contrato contempla también posibilidades de incumplimiento por "FUERZA MAYOR":
"La parte no será considerada o sentenciada por violar este convenio cuando la violación sea debida a circunstancias más allá de su control, incluyendo, pero no limitada al acto de Dios, disturbios civiles y el robo o apropiación de la in-formación privilegiada o el contrato(s) sin la intervención o la ayuda de uno o varias de Las Partes" .
Este 'convenio' era promovido tanto por particulares como por algunos presidentes municipales o expresidentes municipales en el estado de Hidalgo el año pasado incluso aún en el mes de noviembre. Hoy los interesados ya no contestan la líneas telefónica en las que regularmente proporcionaban información.
Fuera de lo escrito se explicaba que las transacciones garantizaban la entrega de cualquier combustible con descuentos que permitían garantizar una utilidad de no menos del 40 por ciento o incluso más.
Pero las empresas parece que han cambiado de giro... por ahora.