Con atención presté lectura al artículo de la investigadora SILVIA RIBEIRO publicado bajo el título 'Huachicoleo Científico'. A lo largo del mismo Silvia da parte de lo incongruente que para ella existe en que un organismo de promoción de investigación e innovaciones como Conacyt haya dedicado, según sus fuentes, 50 mil millones de pesos a grandes empresas durante el sexenio anterior.
Las beneficiarias, firmas como Samsung, Ford, General Motors, Monsanto, Bayer, Senofi-Aventis, Dow Chemicals, IBM entre otras. En esos proyectos en los que hubo derrama de recursos fiscales en algunas ocasiones a fondo perdido (es decir, no tienen compromiso de retorno) intervinieron investigadores y talento de universidades públicas cuyos conocimientos acabaron siendo, afirma la investigadora, en la propiedad de las multinacionales.
En la lista y datos de la investigadora se incluyen también grandes empresas nacionales y a semilleras internacionales.
La lógica de Ribeiro aplicaría también para recursos que fueron canalizados por el INADEM a grandes empresas o bien incluso a grandes universidades privadas para no olvidar a grandes cámaras o confederaciones empresariales.
Puedo agregar que la lógica que impulsó esas políticas sostenía que la intervención de esas grandes empresas u organismos garantizaba un uso racional y preciso de los recursos concedidos y limitaba la posibilidad de malos manejos en los que con relativa frecuencia se observaba en pequeñas o medianas empresas.
La lógica no siempre se cumplía, pero ese es otro punto. Otro obstáculo que impuso la política pública de promoción de innovación y emprendimiento radicaba en una sobrereglamentación, sobre normatividad que solo las grandes empresas pueden cumplir las más de las veces.
Acceder a recursos de promoción implica elaborar complicados procesos de fundamentación que difícilmente pueden cumplir pequeñas empresas o particulares. La fundamentación y cumplimiento de las bases de convocatorias son procesos tan sobre normados que en no pocas ocasiones los posibles beneficiarios no son capaces ya no digamos cumplir sino entender.
Son tan complicadas las normas de acceso a recursos que en no pocas ocasiones se tiene que contratar a 'especialistas' o académicos en elaboración de proyectos de solicitud de recursos a fondos de promoción.
Desde luego que el costo de la contratación se 'cuelga' del proyecto lo que lo encarece. Cuando se consigue la autorización del proyecto, la siguiente pesadilla es cumplir la normatividad que exige el proceso de ejercicio del recurso y no es poco común que se deje a la empresa beneficiaria a su suerte desde la entrega de recursos, la parte feliz de las historias, hasta el momento de la comprobación, proceso en donde vienen las pesadillas porque si en la validación en el uso del recurso no se cumple según los formatos o plataformas exigidas, lo más seguro es que al final de la historia la empresa sea requerida a regresar el total de los recursos aunque ellos se hayan ejercido de manera fiel y precisa y no haya existido en esta historia desvío alguno del dinero.
Hay casos en los que empresas que se basaron en instituciones públicas para elaborar certificaciones o estudios de validación son solicitadas a que regresen el dinero que fueron ejercidos por las instituciones de investigación y éstas hayan entregado cabal y en tiempo y forma los estudios por los que se pagaron cantidades contempladas en el proyecto.
El único argumento para soportar la solicitud de los recursos es que los reportes parciales del transcurso del proyecto no fueron ingresados a la plataforma de la institución de manera correcta.
No hubo nadie que orientara o bien que alertara de que se estaba incumpliendo con la normatividad. Esperan a que la empresa incurra en el error y cuando no hay más que hacer se le exige a que regrese todo el recurso de que se dispuso.
Esta es un área de oportunidad relevante en instituciones de promoción. Facilitar el acceso de recursos fiscales a empresas con proyectos relevantes es un deber del gobierno federal, de estatales o municipales a partir de la confianza de que harán buen uso del recurso y no a partir de que ese dinero está destinado a ser robado por el beneficiario.
Eliminar la sobre regulación o sobre normatividad para que las empresas puedan acceder de manera menos compleja a los recursos de promoción y verdaderamente dar un seguimiento al cumplimiento de las fases de los proyectos ayudaría mucho a que el dinero fiscal que se destina a ellos verdaderamente cumpla con su cometido y no acabe en un drama judicial.