Nadie puede escatimarle al presidente López Obrador su decisión y esfuerzo por eliminar los excesos en el gasto del gobierno federal; sin embargo, a estas alturas del partido, habría que preguntarse si los ahorros se han dado en los programas presupuestarios adecuados y si éstos están siendo bien invertidos. Lo anterior, considerando que todos los días conocemos historias que hablan de un recorte presupuestal que está afectando severamente actividades sustantivas; y de indicadores del Inegi que muestran una fuerte caída en la inversión pública.
Pensé en escribir este artículo al revisar hace quince días la prensa. Ese jueves nos enteramos por El Universal que en el IMSS de Hidalgo habían sido interrumpidos los servicios de quimioterapia por falta de medicamentos; y que en el ISSSTE ya no había dinero para pagar y seguir contratando servicios subrogados, lo que ha ocasionado que en algunos hospitales esté en riesgo la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis. También hoy sabemos que en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío se suspendieron las sesiones de quimioterapia para niños con cáncer. Ya antes nos habíamos enterado de la falta de medicamentos para los que padecen VIH, del desabasto de vacunas en los hospitales y de la insuficiencia de material en los Institutos Nacionales de Salud.
Ese mismo día nos enteramos por Darío Celis que trabajadores de proveedores de Pemex tenían tomada la refinería de Minatitlán porque no les habían pagado trabajos ejecutados desde el año pasado, y los medios de comunicación dieron cuenta de la protesta de los agricultores porque no están llegando los apoyos, debido a que se despidió al personal que los operaba.
Hace quince días también me enteré de la gravísima decisión de reducir el presupuesto dedicado a sanidad e inocuidad y del desmantelamiento de las oficinas regionales del IMPI.
En esos días también conocimos que no llega el fertilizante a los productores agropecuarios, del cierre de las instalaciones para los deportistas del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, de la reducción del presupuesto para el combate al secuestro, de la no disponibilidad de viáticos para que los funcionarios mexicanos apoyen las negociadores del tomate en Washington, que las exportaciones de aguacate no se realizaron a tiempo al no disponer de permisos por la imposibilidad de realizar el trámite en las delegaciones de Economía y que en la Conade ya no había recursos ni para pagar la luz; y el fin de semana pasado que a la UNAM le cortaron más de la mitad de sus conexiones a internet.
Es cierto que lo descrito en párrafos anteriores es solo una lista a vuelo de pájaro de los problemas que se están ocasionando por el recorte en el Presupuesto y no representa un análisis serio de la ejecución del gasto; sin embargo, cada día se acumulan más historias. El gobierno federal, como se dice coloquialmente, 'está haciendo agua'. La situación es tal que funcionarios federales le están pidiendo a los gobiernos estatales que paguen su nómina para poder ejecutar los programas federales.
Si lo anterior es grave, más grave aún es que todo esto no es el final, sino el principio. Lo dicho por la ANUIES en el sentido de que nueve universidades públicas del país no podrán pagar la nómina y operar a finales de año, es un anticipo de los problemas que se nos vienen para el segundo semestre; y no solo serán en las universidades públicas. Hector Villarreal, experto en finanzas públicas, anticipaba en una entrevista en Arena Pública, que hay siete u ocho estados que no van a brincar el año. Algo similar puede estar pasando en muchos municipios.
Todavía más grave es el hecho de que la situación podría descomponerse aún más, si consideramos que el estancamiento de la economía va a disminuir la recaudación de impuestos, que la decisión del gobierno federal de darle mayores recursos a Pemex va a reducir la disponibilidad de recursos para el resto de la administración pública, que se va a incrementar el servicio de la deuda por la desconfianza de los mercados en las políticas de la actual administración, que los gastos irreductibles se van a incrementar año tras año y que los nuevos programas del gobierno federal van a demandar cada vez mayores recursos. Lo anterior en el contexto de la decisión del Ejecutivo federal de no aumentar la deuda con respecto del PIB, ni incrementar los impuestos.
Ojalá lo anterior sea producto de mi imaginación y desconocimiento de las finanzas públicas, pero si no fuera el caso, ojalá se aproveche el Presupuesto 2020 para analizar a profundidad el impacto de las medidas de austeridad en los servicios públicos y se tomen medidas para evitar su deterioro.