El presidente López Obrador ha señalado que en su gobierno vamos a crecer al 4 por ciento en promedio anual, lo cual sería extraordinario para nuestro país.
Si estimamos el crecimiento promedio anual del PIB no petrolero de México en la última década (2007-2017) por entidad federativa, encontraríamos que el crecimiento promedio anual de la economía ha sido de sólo 2 por ciento. Crecer al 4 por ciento significaría, por tanto, duplicar el crecimiento que ha tenido la economía en los últimos años; también significaría que el país creciera en promedio al mismo nivel que han crecido en la ultima década los estados de la región Centro-Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí).
¿Es viable que el país crezca en el sexenio, en promedio, al nivel que están creciendo los estados de esa región? No lo creo, y tampoco los entrevistados por el Banco de México en la Encuesta de Especialistas en Economía que estiman un crecimiento promedio anual para la economía mexicana de solo 2.3 por ciento en los próximos diez años. ¿De dónde viene ese pesimismo sobre el futuro de la economía?.
En buena medida del bajo nivel de inversión que tenemos en el país y de la expectativa de que se reduzca aún más durante esta administración. Desde hace muchos años hemos tenido el objetivo, que se ha convertido en aspiración, de que la inversión (pública y privada) alcance el 25 por ciento del PIB. Si analizamos la serie histórica de 1980 a la fecha (disponible en la base de datos del Banco Mundial) encontraremos que solo en 1981 alcanzamos ese parámetro y fue por el fuerte impulso a la inversión pública, que tuvo como base un elevado endeudamiento en años donde nos anticipaban que deberíamos prepararnos para administrar la abundancia. En los últimos diez años el porcentaje de inversión pública y privada respecto del PIB ha sido de 22.2 por ciento, mientras que los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han registrado, en promedio, niveles de 27 por ciento en el mismo período. Cabe señalar que mientras México ha crecido al 2 por ciento en promedio en el período 2007-2017, los BRICS han crecido más del doble (4.4 por ciento) en el mismo período.
Una de las principales diferencias que tenemos con los BRICS es el nivel de la inversión pública. Mientras que estos países tienen una inversión pública cercana al 7 por ciento del PIB, México tiene una inversión pública cercana al 3 por ciento, menos de la mitad, y disminuyendo. En el documento de Criterios Generales de Política Económica presentado por esta administración se establece que en el escenario inercial la inversión en infraestructura continuaría su tendencia a la baja.
Sobre este tema hemos escuchamos al presidente López Obrador y al secretario Urzúa señalar que la inversión pública debería ser por lo menos del 5 por ciento del PIB. Pero, con toda franqueza, no se ve cómo vayan a lograrlo, dado lo comprometido que están las finanzas públicas, el compromiso de mantener la deuda pública respecto del PIB y la preferencia por el gasto corriente de esta administración.
Lo anterior sin considerar la calidad de la inversión. Los principales proyectos de este gobierno están basados en intuiciones no en evidencias. No hay estudios de factibilidad o algún estudio medianamente serio que los justifique. Más aún, no se dan cuenta que cambiar la apuesta del sector energético para dar mayor preponderancia al sector público tiene costos importantes. El principal, que Pemex y CFE se chuparan enormes recursos que podrían dedicarse a otros proyectos de infraestructura que son indispensables para seguir creciendo y motivar la inversión del sector privado. No va a pasar mucho tiempo para que encontremos importantes cuellos de botella en los estados que están creciendo a mayor velocidad en el país, por falta de recursos para invertir en infraestructura.
De la inversión privada esperaríamos que fuera del 20 por ciento del PIB, muy cerca de la participación que tuvo en 2016 y 2017 (19.5 por ciento y 19.2 por ciento respectivamente); sin embargo, resulta difícil que esa inversión se mantenga si no se genera confianza y certidumbre. No abonan en este sentido los cambios en las reglas del juego en materia energética, la mala decisión del aeropuerto, la ausencia de contrapesos a las decisiones del Ejecutivo, la toma ilegal de vías del tren con absoluta impunidad, el desabasto de gasolina provocado por la falta de planeación logística, la desinstitucionalización en marcha y la cancelación de los instrumentos para impulsar la inversión.
Si el presidente es serio en su objetivo de crecer al 4 por ciento en promedio durante su sexenio, tendrá que hacer las cosas de manera diferente. Las medidas que está tomando no le llevarán a impulsar la inversión pública y privada que el país requiere, ni a generar los empleos que se necesitan. Si no da un golpe de timón, su apuesta por duplicar el crecimiento de la economía se va a quedar en un buen deseo.