El gobierno de López Obrador hizo frente a su primera gran tragedia. Ocho decenas de muertos y contando. En las llamas de Tlahuelilpan quedó envuelta también la estrategia de combate al robo de combustible. Todavía no tenemos claridad sobre qué o quién causó la explosión. Sin embargo, la tragedia reitera lo que ya sabíamos: tenemos comunidades e industrias enteras con una terrible adicción al huachicol. Superarla no será fácil. Las filas en las gasolineras fueron sólo un preludio. La verdadera batalla será de muchos meses.
La tragedia de Tlahuelilpan también nos lleva de vuelta al otro gran debate de los últimos días. El papel que debe desempeñar el Ejército en la conformación de la Guardia Nacional. En esta ocasión el Ejército no actuó con la brutalidad que se le suele achacar. Lo que pasó en Hidalgo fue que faltaron elementos para contener a una multitud de personas que estaban determinadas a llevarse todo el combustible posible.
La Guardia Nacional se concibe y debate en términos de rechazo dogmático o confianza ciega en torno a las Fuerzas Armadas, incluso entre algunas de las mentes más brillantes del país. En una serie de dos artículos publicados la semana pasada en Milenio, con el título 'Las cuentas de la militarización', Héctor Aguilar Camín reseña una serie de estudios y, sin reservas, da por buenas sus conclusiones. A saber: que después de los enfrentamientos en los que participan militares se registra un incremento en la violencia; que los militares son más letales (es decir, que son más proclives que los policías a abusar en el uso de la fuerza y a incurrir en ejecuciones extrajudiciales), y que también son más proclives a torturar a los detenidos.
Conozco bien a varios de los autores que Aguilar Camín reseñó la semana pasada. Sé que hacen su trabajo con rigor y coincido con varios de sus argumentos. Es innegable que las Fuerzas Armadas han cometido una gran cantidad de abusos. También es cierto que hasta ahora se ha observado una mayor letalidad y más violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas que por parte de las corporaciones policiales. Sin embargo, yo sí tengo reservas sobre la causa de esta letalidad militar y sobre la lectura que de forma casi unánime la academia y la sociedad civil organizada quieren hacer de la evidencia disponible. No me parece que podamos afirmar que, en manos de militares, la Guardia Nacional necesariamente cometerá más abusos que en manos de civiles.
¿Por qué? Las intervenciones de las Fuerzas Armadas no son comparables a las de la Policía Federal. No son comparables porque el despliegue militar no ha sido aleatorio, sino que se concentra en aquellas regiones donde operan los grupos con más poder de fuego. Los militares también son enviados ahí donde las autoridades civiles ya tomaron la decisión de acabar, por cualquier medio, con un grupo criminal. Éste fue el caso de la intervención de la Marina en Veracruz en los primeros años del sexenio de Javier Duarte. En este contexto, los militares no necesariamente son más letales por cuestiones inherentes a su formación, su disciplina o su jerarquía, sino porque a ellos se les ha encomendado hacer el trabajo sucio.
Por lo mismo, no basta la evidencia que existe y que Aguilar Camín –junto con muchos expertos, activistas y líderes de opinión– considera concluyente. Incluso el estudio de Laura Atuesta, en el que se establece que los homicidios aumentan en aquellos municipios donde se registran enfrentamientos entre fuerzas públicas (particularmente las Fuerzas Armadas) y presuntos delincuentes, no es evidencia suficiente.
Atuesta utiliza una metodología de diferencias en diferencias, que efectivamente permite descartar que el incremento en la violencia sea ocasionado por características fijas de los municipios donde ocurren los enfrentamientos. Sin embargo, los municipios donde ocurren enfrentamientos entre el Ejército y los criminales no sólo son distintos del resto del país por características fijas. También son diferentes por factores coyunturales. Por ejemplo, es frecuente que los enfrentamientos sean precedidos por la llegada de un nuevo grupo criminal. Como resultado de la presencia de ese nuevo grupo, no sólo tiene lugar el enfrentamiento con la fuerza pública, sino que también suele haber un aumento generalizado de la violencia, que puede durar varios meses. Por lo tanto, la metodología de Atuesta podría atribuir a enfrentamientos con el Ejército aumentos en la violencia que en realidad fueron ocasionados por la llegada de un nuevo grupo criminal.
Desafortunadamente, en México tenemos muy pocas certezas en materia de seguridad. Ante este vacío de información sólo podemos pedir que el diseño de la Guardia Nacional se haga sin posiciones dogmáticas, ni de repudio al Ejército ni de fobia a las policías civiles. Ojalá no nos quedemos en el asunto, que tal vez no sea el medular, de qué secretaría tiene el mando "administrativo" y cuál tiene el mando operativo. También hace falta repensar exactamente para qué queremos a este nuevo cuerpo, así como dónde y cómo podrá ser utilizado. Sobre todo, hace falta pensar cómo vamos a evitar que la Guardia Nacional replique los vicios de sus antecesores.