¿Por qué una fase 3 'light'?
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¿Por qué una fase 3 'light'?

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¿Por qué una fase 3 'light'?

27/04/2020
Actualización 27/04/2020 - 15:07

Se decretó la fase 3. Sin embargo, desde Palacio Nacional prácticamente no se impuso ninguna restricción nueva. La directriz nacional es mantener la cuarentena a medias, y esencialmente voluntaria, que ya se vive en el país desde hace semanas. Se entiende que la Federación no hará mayor cosa para hacer cumplir el 'quédate en casa'. Cada entidad federativa debe arreglárselas como mejor pueda.

México ha sido laxo ante la pandemia. La reducción a la circulación de personas ha sido considerablemente menor que en otros países de América Latina, por no hablar del resto del mundo. De acuerdo con el reporte de movilidad comunitaria de Google, al 17 de abril los mexicanos habíamos disminuido 55 por ciento nuestra movilidad en comercios y lugares recreativos. En contraste, la disminución para la misma categoría fue de 76 por ciento en Colombia, de 83 por ciento en Argentina, y de 89 por ciento en España.

El fracaso de la cuarentena en México se explica en parte por el enorme peso que el sector informal tiene en la economía mexicana. Sin embargo, ésa es sólo la parte fácil de digerir de la historia. Otra razón de fondo, tal vez la más importante, es que el Estado mexicano simplemente no tiene las capacidades para hacer cumplir medidas estrictas, sin que terminen en ridículo o en desastre por la corrupción y la simple falta de legitimidad de las autoridades.

La imposición de una cuarentena en serio no sólo se logra por medio de exhortos cívicos y propaganda amable. Las sanciones también son indispensables. España, por ejemplo, ha logrado disminuir la movilidad de la población con base en un esquema de multas que sus propios ciudadanos califican de brutal. El estado de emergencia se decretó en ese país hace mes y medio. Desde entonces se han expedido más de 700 mil multas que, dicho sea de paso, arrancan en los 600 euros (poco más de 16 mil pesos al tipo de cambio actual, más de lo que muchos españoles ganan a la quincena). El esquema draconiano que se ha seguido en España ha implicado un enorme voto de confianza en los elementos de la Guardia Civil y de las demás instituciones con facultades para sancionar. En términos generales se confía en su honradez y en su buen criterio para actuar discrecionalmente (que no es lo mismo que arbitrariamente).

En México, algunos gobernadores buscan desmarcarse de la pasividad del gobierno federal. Otros están verdaderamente preocupados por las consecuencias que la cuarentena podría tener en términos de contagios y muertes. Con la declaratoria de la fase 3, en varios estados se emitieron decretos que buscan reforzar las medidas preventivas, incluyendo el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, y dotar a las autoridades del fundamento legal necesario para imponer sanciones a quienes no acaten la cuarentena. Por ejemplo, el decreto emitido el 22 de abril en el Estado de México contempla que, después de un primer exhorto, las autoridades podrán imponer sanciones, incluyendo la suspensión temporal de establecimientos. En estados como Jalisco, Michoacán y Puebla se emitieron decretos similares. En otras entidades federativas los titulares de salud giraron instrucciones en el mismo sentido.

Sin embargo, a la hora de poner en práctica medidas drásticas los gobiernos tropiezan con una difícil realidad. En la calle, la aplicación de las medidas previstas implicaría la intervención masiva de policías municipales que siguen francamente desprestigiadas (de acuerdo con la más reciente encuesta disponible del Inegi, el 68 por ciento de los mexicanos pensamos que la policía municipal es corrupta). Peor todavía, también sería necesario dotar de poder extraordinario a las direcciones e institutos de verificación, que tienen el personal y las facultades para multar y clausurar establecimientos, pero que casi invariablemente son nidos de corrupción. En este contexto, la fase 3 de la pandemia se convierte en un riesgo de primer orden para la gobernabilidad.

En días recientes, el mayor desafío ha sido intentar el retiro de vendedores ambulantes, o al menos que éstos cumplan con algunas medidas mínimas de distanciamiento social. En Toluca ya hubo un enfrentamiento entre la fuerza pública y los ambulantes, que dejó a varios policías heridos. En Puebla el enfrentamiento se dio entre el gobernador, que exigía el retiro de los ambulantes, y los alcaldes, que se hacían de la vista gorda. En muchas otras entidades federativas se está buscando alguna negociación entre autoridades y los líderes de los comerciantes, lo que generalmente implica que las medidas sanitarias sólo se cumplan a medias.

Por lo demás, las autoridades en estados y municipios han optado por dos salidas. La primera son las medidas simbólicas. Algún arresto por aquí y alguna clausura por allá que les permita dejar constancia de que no se quedaron de brazos cruzados. La segunda salida consiste en recurrir a programas que ya existían, sin reparar demasiado en su pertinencia para la pandemia. El principal ejemplo es la aplicación generalizada del Hoy no Circula en el Valle de México. Es una medida que difícilmente tendrá un impacto, considerando que buena parte del parque vehicular está disponible para reemplazar a los vehículos que no podrán circular cada día de la semana. De hecho aumentarán los 'aventones' y el préstamo de coches, con el riesgo de contagio que implican. Sin embargo, el Hoy no Circula se practica desde hace años. Hay algunos procesos y precedentes que reducen el riesgo de abusos por parte de la policía de tránsito. Más vale malo por conocido que bueno por conocer.

No es mi objetivo aquí abogar por que las autoridades impongan a toda costa medidas draconianas. Las multas brutales en España y otros países han generado un enorme descontento social. Sin embargo, es importante reconocer que las instituciones desprestigiadas que tenemos limitan la capacidad de respuesta del gobierno. Lo que en tiempos normales es meramente disfuncional, en situaciones de crisis nos lleva a la parálisis. Sospecho que casi nadie va a darle a los policías y a los inspectores municipales la autonomía, la autoridad y la discrecionalidad que serían necesarias para imponer una cuarentena estricta. Estamos buenos para emergencias.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.